El Gobierno de Castilla-La Mancha está elaborando una nueva normativa destinada a regular las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, anunció esta iniciativa durante una reciente reunión con medios de comunicación en Cuenca. Gómez abordó las preocupaciones del colectivo Pueblos Vivos, que criticó la reactivación de macrogranjas en la región, y subrayó que no está de acuerdo con la relación entre estas explotaciones y la presencia de nitratos en el medio ambiente.
Según la consejera, los datos del Gobierno sugieren que la mayor parte de la contaminación por nitratos se origina en el uso inadecuado de abonos inorgánicos, que tienen un alto contenido en nitrógeno, más que en el uso de purines. Ante esta situación, Gómez enfatizó la urgente necesidad de implementar una nueva normativa que permita a los agricultores y ganaderos adoptar buenas prácticas agrarias en las áreas afectadas.
Gómez adelantó que se espera contar con un nuevo mapa que identifique las zonas vulnerables a los nitratos para finales de marzo, acompañado de un decreto que incluya medidas de apoyo. En cuanto a la reactivación de macrogranjas, la consejera recordó que un total de 62 expedientes de microgranjas, de los cuales 22 se encuentran en Cuenca, habían quedado en pausa debido a una moratoria. Con la finalización de esta moratoria, el Gobierno ha comenzado a comunicarse con los ayuntamientos y promotores para averiguar si desean proseguir con sus proyectos, siendo necesario que cumplan con nuevos requisitos.
Gómez mencionó que se están recibiendo respuestas y señaló que este proceso será «un recorrido a largo plazo». Además, defendió las acciones emprendidas por el Gobierno regional desde la implementación de la moratoria porcina, que ha permitido realizar una evaluación más detallada de las regulaciones ambientales y de los requisitos necesarios para estas explotaciones.
Entre los progresos citados, se encuentra la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, que otorga a los ayuntamientos la oportunidad de opinar sobre los expedientes de cualquier tipo y de decidir lo que consideran apropiado para su territorio. Esto, según Gómez, aporta mayor transparencia al proceso, ya que los informes emitidos por los ayuntamientos serán vinculantes. De este modo, si una localidad decide, a través de sus órganos de gobierno, que no se pueden establecer estas explotaciones, el Gobierno no procederá a evaluar dichos proyectos.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
