Toledo, 19 de febrero de 2026.- El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha iniciado una etapa decisiva para la acción climática en la región con la renovación de la Comisión Regional de Cambio Climático. Esta iniciativa busca reforzar la coordinación institucional en la mitigación y adaptación al cambio climático y hacer frente a los desafíos ambientales que enfrenta el territorio.
Durante la presidencia de la Comisión, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, reiteró la importancia de esta plataforma, que ha sido reestructurada tras la aprobación del Decreto 81/2025, de 14 de octubre. La modernización de su composición y funcionamiento busca alinearla con la actual estructura administrativa y los nuevos retos climáticos que presenta Castilla-La Mancha. Gómez enfatizó que, dado el aumento de fenómenos climáticos extremos, es fundamental reactivar este espacio de gobernanza conjunta. “La ciudadanía espera respuestas claras y coordinadas. Castilla-La Mancha continuará siendo una región comprometida, responsable y proactiva ante este desafío”, aseguró.
Además, la consejera expresó el deseo del Gobierno regional de avanzar en nuevas herramientas que apoyen a los sectores más vulnerables y explorar la implementación de innovaciones como un mercado interno de gases de efecto invernadero, que transforme la sostenibilidad en una oportunidad económica.
En el contexto de la reunión, la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 presentó los últimos datos del Inventario Regional de Emisiones. Según Gómez, estos datos son fundamentales para orientar las políticas públicas y evaluar las estrategias de descarbonización en Castilla-La Mancha. Se destacó una tendencia de reducción de emisiones desde 2007, impulsada por energías renovables y mejoras en eficiencia, aunque se ha evidenciado un estancamiento en la última década que requiere una atención continua.
Por otro lado, se abordó el desarrollo de la futura Ley Regional de Cambio Climático, considerada una de las prioridades legislativas de la Consejería. Se realizó un análisis comparativo de normativas climáticas a nivel autonómico, nacional e internacional, y se establecieron los instrumentos de mitigación y adaptación que conformarán la base técnica de la nueva ley. Gómez indicó que se celebrarán talleres internos con todas las consejerías implicadas en marzo, con el objetivo de alinear criterios y coordinar enfoques transversales, destacando la importancia de que esta legislación surja del diálogo y el rigor técnico, incorporando las aportaciones de todos los agentes socioeconómicos y ambientales.
Finalmente, se presentó el informe actualizado de la Cátedra Participativa de Cambio Climático y Sostenibilidad del Sector Primario, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Este informe subraya las oportunidades para que el sector primario se involucre en mercados voluntarios de carbono, generando créditos climáticos que reconozcan prácticas ambientalmente responsables. También se destacó el impulso del “insetting”, que permite a las empresas compensar parte de sus emisiones mediante inversiones en proyectos de mejora ambiental dentro de su propia cadena de valor, además de los avances en la Incorporación de créditos de biodiversidad y la identificación de líneas de trabajo para que la región se posicione como pionera en soluciones basadas en la naturaleza en el sector agrario.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
