El vicepresidente del Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Marín, reveló datos alarmantes sobre las solicitudes de eutanasia en España en el año 2023. Según Marín, el número de peticiones experimentó un aumento del 30%, alcanzando alrededor de 750 solicitudes. Estas cifras son preocupantes y reflejan la necesidad de analizar detalladamente la implementación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) en el país.
A pesar de que el Ministerio de Sanidad ha registrado 323 prestaciones de eutanasia y 727 solicitudes durante el año, la falta de informes detallados por parte de algunas comunidades autónomas obstaculiza una comprensión completa de la situación a nivel nacional. Ocho CCAA, incluyendo a Canarias, Castilla-La Mancha y Galicia, todavía no han publicado sus registros evaluativos, lo cual dificulta la evaluación de la normativa en todo el territorio español.
Uno de los problemas más destacados por Marín es la demora en el proceso de solicitud, que puede llegar hasta 75 días, superando ampliamente el tiempo recomendado de 30 a 35 días. Esta demora ha tenido como consecuencia que un tercio de los solicitantes de eutanasia fallezca antes de que su petición sea tramitada, lo cual es inaceptable.
Además, se reporta un 20% de rechazo en las solicitudes por diversas razones, así como una falta de datos sobre cuántas personas han solicitado la eutanasia a través de su testamento vital. Esta falta de transparencia y de cumplimiento de la ley contribuye a la inequidad en el acceso a la eutanasia en diferentes regiones de España.
Desde la perspectiva internacional, se sugiere que los procedimientos burocráticos establecidos por la LORE pueden estar dificultando el acceso a la eutanasia en España en comparación con otros países como Bélgica. Para mejorar esta situación, DMD propone garantizar una tramitación clara y ágil para los solicitantes y los profesionales de la salud, así como organizar de manera adecuada los servicios sanitarios para abordar cuestiones relacionadas con la objeción de conciencia.
En última instancia, es fundamental aclarar que la ley de eutanasia no requiere que la persona esté en fase avanzada de una enfermedad ni en cuidados paliativos para acceder a esta opción. Esta clarificación es importante para evitar malentendidos que puedan obstaculizar el proceso de solicitud.
En resumen, es necesario abordar de manera urgente los desafíos y obstáculos que enfrenta la implementación de la eutanasia en España, con el objetivo de garantizar un acceso justo y digno a esta opción para aquellos que lo soliciten. La transparencia, la eficiencia en los procesos y el respeto a la voluntad de las personas son aspectos fundamentales que deben ser priorizados en la regulación de la eutanasia en el país.
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