El vicepresidente primero del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha enfatizado la necesidad de que el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas contemple el ‘Rural Proofing’ o mecanismo rural. Este enfoque busca asegurar que se financien adecuadamente los costos de los servicios públicos en cada uno de los territorios, garantizando así una cobertura equitativa en las zonas rurales.
Martínez Guijarro realizó estas declaraciones durante su participación en una mesa de diálogo sobre la importancia del ‘mecanismo rural de garantía’ en la legislación nacional, un evento organizado por el colectivo ‘El Hueco’ y llevado a cabo en el Congreso de los Diputados. Durante su exposición, subrayó que una financiación adecuada es fundamental en la lucha contra la despoblación, ya que el mantenimiento de los servicios públicos requiere recursos adicionales que no deben ser asumidos únicamente por las poblaciones locales o por las administraciones más cercanas a estas áreas.
El vicepresidente también resaltó las iniciativas implementadas por Castilla-La Mancha desde el año 2022 para enfrentar la despoblación. Una de las medidas incluidas es la elaboración de un informe de impacto demográfico para toda normativa, leyes, planes y programas que se desarrollan en la región. Este informe tiene como objetivo identificar y evaluar los efectos de las normativas en las zonas de baja densidad poblacional. Hasta la fecha, se han realizado 81 informes de este tipo y se han incorporado dos memorias de impacto demográfico en los presupuestos regionales de 2023 y 2024, las cuales resumen las partidas asignadas específicamente para las áreas afectadas por la despoblación.
Estas acciones son parte de la Ley de medidas contra la despoblación, que está vigente desde 2021 y ha sido considerada pionera a nivel nacional. Sin embargo, Martínez Guijarro ha manifestado su deseo de avanzar más allá de estas iniciativas. Ha anunciado la realización de un análisis sobre la ejecución de los presupuestos de 2023, con el fin de evaluar cómo se han implementado las asignaciones de la Memoria de Impacto Demográfico, asegurando así una mayor efectividad en la aplicación de recursos destinados a combatir la despoblación en la comunidad.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
