El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social al anunciar la implementación de la II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social, que se desplegará hasta el año 2030. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, realizó este anuncio en un acto institucional llevado a cabo en las Cortes regionales, en colaboración con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).
Durante el evento, se contó con la presencia de numerosas personas participantes en programas de inclusión social, así como representantes de organizaciones como la Fundación CERES, el Movimiento por la Paz, Cruz Roja Toledo y la Asociación Aurelio de León. Estos grupos aprovecharon la ocasión para presentar sus propuestas y perspectivas sobre cómo abordar de manera efectiva la pobreza y la exclusión social en la región.
García Torijano recordó que Castilla-La Mancha marcó un hito al ser pionera en España con su primera Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social, que se llevó a cabo entre 2017 y 2020. Esta iniciativa contó con un inversión de 1.200 millones de euros para implementar 58 medidas específicas, beneficiando aproximadamente a 700.000 personas en la comunidad.
Los datos más recientes del informe anual de EAPN destacan una tendencia positiva en la región desde 2015, con una notable reducción de 3,9 puntos en el indicador AROPE, lo que se traduce en 74.000 personas que han logrado salir de situaciones de pobreza. Además, la tasa de riesgo de pobreza ha disminuido en 3,0 puntos, impactando de manera favorable a 57.000 personas.
Sin embargo, la consejera enfatizó que aún queda un largo camino por recorrer, pues Castilla-La Mancha continúa situándose por encima de la media nacional en términos de pobreza. En este sentido, reafirmó el compromiso del Gobierno regional para seguir implementando medidas concretas y efectivas, trabajando junto a los profesionales de servicios sociales y organizaciones que operan en el terreno.
Asimismo, García Torijano puso de relieve la necesidad de un enfoque transversal en la lucha contra la pobreza, abarcando áreas esenciales como el empleo, la vivienda, la sanidad, la agricultura, la ganadería y la educación. La consejera también hizo referencia a la red de prestaciones existente en la región, destacando que se han otorgado más de 84.700 ayudas a 111.000 beneficiarios anuales, lo que demuestra el férreo compromiso del Gobierno regional con los ciudadanos más vulnerables.
