El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado la urgencia de establecer un pacto de Estado en política de vivienda, el cual debe caracterizarse por ser «sensato, razonable y alejado de telarañas ideológicas». Esta propuesta fue presentada por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en un foro organizado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana bajo el título ‘Vivienda, quinto pilar del Estado de Bienestar’.
Hernando hizo hincapié en la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita incrementar la oferta de viviendas y cubrir la alta demanda de alojamientos asequibles. En este contexto, destacó la importancia de renovar el Plan Estatal de Vivienda, que actualmente se encuentra agotado. «Es fundamental que desde una postura razonable como la de Castilla-La Mancha reivindiquemos este pacto», aseguró el consejero.
Acompañado por la directora general de Vivienda, Inés Sandoval, Hernando subrayó que Castilla-La Mancha continuará defendiendo un decálogo de medidas que ya ha sido presentado al Gobierno de España y a otras comunidades autónomas. El consejero expresó su sorpresa por el hecho de que algunas de estas propuestas parecen haber sido adoptadas por el Partido Popular, tanto en su forma como en su fondo.
El decálogo de medidas propuesto busca aumentar la disponibilidad de suelo para la construcción de viviendas, considerando el notable déficit existente en este ámbito. «Necesitamos poner a disposición de las instituciones públicas y de las empresas mucho más suelo», enfatizó, agregando que se están evaluando iniciativas tanto en áreas rurales como urbanas para reducir los plazos de tramitación relacionados con el suelo residencial.
Además, Hernando destacó la necesidad de un nuevo Plan Estatal de Vivienda que esté adecuadamente financiado y que se complemente con nuevos planes europeos. Según el consejero, esto facilitaría la ampliación de la oferta de viviendas y brindaría apoyo a aquellos que buscan adquirir o alquilar una vivienda en el actual contexto. «No hay ninguna varita mágica; lo que necesitamos es la fuerza que proporciona la normativa estatal y la ejecución de estas normas por parte de las comunidades autónomas», concluyó.
vía: Diario de Castilla-La Mancha