Madrid, 17 de julio de 2025.- Castilla-La Mancha reafirmó su intención de colaborar en la acogida de menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta, aunque manifiesta su rechazo al modelo ‘low cost’ propuesto por el Gobierno de España. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, expresó su preocupación sobre las implicaciones de este enfoque en la calidad del sistema de protección regional, advirtiendo que podría comprometer el bienestar de los niños.
El pronunciamiento de García Torijano se produjo tras la cancelación de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, cuya falta de quórum se atribuyó a la ausencia de comunidades gobernadas por el Partido Popular. La consejera lamentó que no se pudiera llevar a cabo este encuentro, esencial para coordinar recursos y establecer un diálogo sobre una emergencia que exige atención inmediata.
A pesar de la suspensión, el Gobierno comunicó los futuros pasos, que incluyen la aprobación del Real Decreto Ley programada para el 26 de agosto, cuyo inmediato despliegue ya ha suscitado preocupación. Castilla-La Mancha ha formalizado un recurso de inconstitucionalidad, argumentando que el decreto no fue consensuado con las comunidades.
Un recorte significativo en la financiación ha exacerbado estos temores. Según datos del Ministerio, se prevé que a Castilla-La Mancha se le asignen 320 menores, con una asignación de cuatro millones de euros, equivalentes a aproximadamente 35,75 euros por plaza diaria. Esta cifra contrasta notablemente con el modelo anterior, que contaba con una financiación de 145 euros por plaza, lo que, según García Torijano, hace insostenible la posibilidad de abrir nuevos recursos para el cuidado adecuado de estos menores. La consejera subrayó que la atención de los cerca de 4,000 menores que se pretende reubicar requeriría aproximadamente 250 millones de euros, aunque solo se han destinado 100 millones.
García Torijano enfatizó la disposición de Castilla-La Mancha para colaborar en la acogida, pero no a expensas de un sistema de protección ya sobrecargado, que actualmente opera al 98% de ocupación en sus 560 plazas. En febrero, la región había presentado una propuesta para participar en la acogida de menores, pero no recibió respuesta del Ministerio.
La consejera también puso de relieve la desigualdad en la financiación entre los menores migrantes que gestionan asilos y aquellos que son derivados a las comunidades autónomas, subrayando que todos los niños merecen las mismas condiciones de cuidado.
Además, defendió el modelo de atención implementado en Castilla-La Mancha, centrado en pequeñas unidades de convivencia —con un máximo de 10 plazas— que priorizan una atención personalizada y de calidad. Este enfoque no solo está alineado con las recomendaciones internacionales, sino que también es el nuevo paradigma que promueve el Gobierno. A pesar de que este modelo requiere una mayor inversión, García Torijano afirmó que garantiza dignidad y mejores resultados, reafirmando que no se renunciará a su implementación.
