El director general de Universidades, Investigación e Innovación, José Antonio Castro, participó recientemente en la creación de una mesa de trabajo en Madrid con el propósito de garantizar que el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional se destine a la financiación de las universidades públicas. Este esfuerzo, auspiciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, buscará mejorar el sistema educativo del país a través de un enfoque colaborativo que involucra a representantes de todas las comunidades autónomas y la Conferencia de Rectores y Rectoras de la Universidad Española (CRUE).
La nueva Comisión tiene como objetivo debatir y presentar un conjunto de iniciativas centradas en el modelo de financiación pública de las universidades. Entre sus tareas se incluye el establecimiento de principios, mecanismos e instrumentos para guiar este proceso, así como la definición de plazos concretos para alcanzar el objetivo de financiación que estipula la normativa orgánica.
En su intervención, José Antonio Castro destacó la relevancia de la participación de Castilla-La Mancha en esta comisión y el compromiso del gobierno regional por incrementar la financiación pública a las universidades en cada ejercicio presupuestario. Destacó los progresos logrados mediante contratos programas con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), además de políticas públicas que aseguran una financiación adecuada, que en este año supera los 246 millones de euros.
Además, el director general compartió información sobre la nueva Ley de Universidades de Castilla-La Mancha en proceso de elaboración. Esta ley fomentará la autonomía de las instituciones universitarias, permitiendo una gestión más flexible y eficiente, con la introducción de modelos plurianuales de financiación que facilitarán la planificación a largo plazo y mejorarán la rendición de cuentas.
El establecimiento de esta mesa de trabajo representa un compromiso decidido por parte de las administraciones para fortalecer la financiación de las universidades, lo que es esencial para asegurar un futuro educativo más sólido en España. Se espera que estas iniciativas permitan a las universidades continuar desempeñando un papel fundamental en el desarrollo académico, social y económico del país.
