El debate sobre la incentivación del ahorro a largo plazo ha resurgido en la opinión pública, especialmente tras la comparación fiscal entre los planes de pensiones individuales en el País Vasco y el resto de España. Esta discusión revela que dos contribuyentes con idéntico salario y esfuerzo de ahorro pueden enfrentarse a cargas impositivas muy diferentes dependiendo de su lugar de residencia fiscal.
En Castilla-La Mancha, donde los salarios suelen ser más modestos y el margen de ahorro limitado, la situación se complica aún más. La reducción de incentivos fiscales podría desmotivar al ahorrador medio, debilitando así una de las pocas herramientas de planificación de la jubilación.
Recientemente, se ha estrechado el «techo» fiscal de las aportaciones a planes de pensiones en el régimen estatal, estableciendo un límite general anual de 1.500 euros. Esta decisión ha generado críticas, ya que puede penalizar el ahorro individual en detrimento de las aportaciones a través de empresas, una opción que no siempre está al alcance de autónomos y empleados de pequeñas y medianas empresas (pymes). En contraste, el País Vasco ha aprobado medidas que refuerzan los incentivos para productos de previsión social complementaria, ofreciendo límites de aportación más altos y un tratamiento fiscal más favorable en algunos rescates.
Un aspecto clave de la normativa vasca es que contempla límites anuales de aportación más generosos y trata fiscalmente de manera más beneficiosa los rescates a largo plazo. Por ejemplo, si se percibe la prestación como renta vitalicia durante al menos 15 años, se puede aplicar una exención parcial en los rendimientos positivos asociados. Esto implica que no todas las ganancias tributarán de la misma manera si se rescatan como rentas.
Para ilustrar este tema con claridad, se presenta una hipótesis donde un contribuyente aporta anualmente 5.000 euros durante 25 años, totalizando 125.000 euros. En el contexto del resto de España, la deducción fiscal anual se limitaría a 1.500 euros, mientras que en el País Vasco, el contribuyente podría deducir los 5.000 euros completos cada año, lo que lleva a diferencias significativas en el ahorro fiscal total.
El debate sobre el ahorro lleva a una reflexión importante en Castilla-La Mancha, donde prevalece el empleo público y las pequeñas empresas. Muchos hogares dependen de planes de pensiones individuales como la opción más accesible para complementar sus ingresos en la jubilación. Quienes abogan por una equiparación argumentan que mejores incentivos podrían fomentar una cultura de ahorro más robusta y mitigar futuras presiones sobre el sistema de pensiones.
Sin embargo, quienes se oponen a esta idea subrayan que la fiscalidad foral es parte de un marco constitucional más amplio y que se deben diseñar incentivos más eficientes a nivel estatal, evitando que los beneficios fiscales se concentren en rentas altas. Este debate está reavivando la cuestión de cuál debería ser el papel del ahorro privado en un país que tiene una población envejecida y donde la preocupación por el futuro de las pensiones es cada vez más apremiante.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
