Madrid, 7 de noviembre de 2025.- La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, participó este viernes en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde el Ministerio de Juventud e Infancia anunció la distribución de 100 millones de euros para comunidades autónomas, destinados a abordar los traslados de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla.
Acompañada por la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello, García Torijano explicó que los ingresos a las comunidades se realizarán entre finales de noviembre y principios de diciembre. La consejera agradeció al Ministerio su compromiso en la coordinación y dotación de recursos, aunque subrayó la necesidad de «una financiación suficiente y estable» para fortalecer los sistemas de protección autonómicos.
“Los menores no acompañados no llegan a Castilla-La Mancha solo por unos pocos meses; necesitan un plan de futuro que les proporcione dignidad y estabilidad”, afirmó García Torijano.
En este contexto, la consejera recordó que, según datos previos, Castilla-La Mancha recibirá algo más de cuatro millones de euros, una cantidad que califica de “muy insuficiente” para cubrir las necesidades actuales del sistema. Señaló que el sistema está prácticamente al 100% de ocupación y que son necesarios más recursos para asegurar la calidad y personalización del modelo de atención. Además, destacó que ya se han trasladado varias decenas de menores desde Canarias y Ceuta a la región, resaltando la colaboración entre comunidades para garantizar que estas llegadas sean «tranquilas y ordenadas».
García Torijano insistió en que la financiación debe incluir una planificación a medio y largo plazo, ya que es fundamental atender tanto las necesidades inmediatas como acompañar a los menores en su desarrollo hacia la mayoría de edad.
En defensa del modelo de protección de Castilla-La Mancha, la consejera reafirmó su compromiso con los hogares de convivencia pequeños, de entre ocho y diez plazas, y el acogimiento familiar como pilares de la política de infancia. “Nuestro sistema es garantista y aboga por la desinstitucionalización. No queremos retroceder. Necesitamos una financiación suficiente para continuar brindando atención personalizada y de calidad”, destacó.
Asimismo, solicitó la colaboración del Ministerio de Juventud e Infancia con el de Hacienda para asegurar que esta línea de financiación se mantenga más allá de 2025, evitando así comprometer los sistemas autonómicos de protección.
Durante la sesión, Castilla-La Mancha propuso un plan de acción conjunto con la Fiscalía para garantizar que todos los menores trasladados a recursos autonómicos sean realmente menores de edad, evitando la convivencia de personas adultas en hogares destinados a niños. Esta solicitud fue bien recibida por el Ministerio, según indicó García Torijano.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
