El responsable del sector de Menores en CCOO Enseñanza de Castilla-La Mancha, Antonio Romero, ha expresado su inquietud ante la decisión del Gobierno regional de impugnar la anulación del concierto social de Menores, una medida dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Según Romero, esta anulación pone de relieve el incumplimiento de normativas legales y directrices europeas en la prestación de un servicio público que debería ser garantizado de manera eficaz.
Durante una rueda de prensa, posterior a una reunión con representantes de la Consejería de Bienestar Social, el sindicalista hizo hincapié en la importancia de que un concierto social sea «transparente», dado que impacta directamente en la calidad del servicio financiado por los ciudadanos de Castilla-La Mancha. A esto, agregó que desde el entorno sindical ya se había señalado la inadecuada ratio de personal en la atención a los menores, que no aseguran la presencia de dos educadores por cada usuario, lo que podría afectar gravemente la calidad del servicio.
La decisión del tribunal también resalta que el concierto social no cumplía con las regulaciones necesarias para garantizar una competencia pública justa, indicando que el cálculo del precio por plaza no se ajusta a los convenios colectivos. A pesar de esto, la administración ha manifestado su intención de recurrir la anulación y solicitar medidas cautelares para evitar la aplicación de la resolución del tribunal.
Romero destacó que, conforme a un Real Decreto, sería necesario convocar una nueva licitación. No obstante, la búsqueda de una solución a través de la vía contenciosa podría perpetuar condiciones de atención que no aseguran la calidad necesaria, lo cual también se traduce en precariedad en las condiciones laborales de los profesionales del sector.
CCOO ha decisión llevar esta situación al ámbito legal y convocar acciones con los profesionales de la atención a menores, considerando que la anulación del concierto social puede ser una «oportunidad» para redactar nuevas normativas que garanticen una atención adecuada a los menores y la financiación suficiente para este servicio fundamental.
En una reunión anterior en julio, las autoridades habían prometido revisar el precio por plaza para facilitar mejoras salariales a los trabajadores y cumplir con un convenio colectivo que busca eliminar la disparidad salarial entre el personal que trabaja en servicios de protección de menores y aquellos en centros de reforma. Sin embargo, la anulación del concierto social ha generado preocupación sobre la posible congelación salarial de estos profesionales.
Por último, Romero anunció que se realizarán movilizaciones a nivel estatal el próximo 2 de abril en todas las comunidades autónomas, demandando una mayor seguridad en los puestos de trabajo, especialmente a la luz del trágico caso de una trabajadora en Badajoz que fue asesinada por sus tutelados.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
