El sindicato CCOO ha denunciado el despido de 44 empleados de Cocemfe Toledo Servicios, una empresa con una plantilla de 120 personas, de las cuales 90 tienen alguna discapacidad. Esta situación ha llevado a los trabajadores a iniciar una huelga indefinida desde este jueves, en protesta por el impago de los salarios correspondientes a los meses de agosto y septiembre.
Javier García Barroso, presidente del comité de empresa y secretario de Acción Sindical de CCOO Toledo, ha calificado la situación como «caótica, dramática y traumática». En su denuncia, ha revelado que a algunos empleados se les ha instruido a tomarse dos días de vacaciones para evitar su participación en la huelga. Además, les han prometido que el lunes se solucionará el problema y que se les compensará con 20 días por año, además del pago de los sueldos adeudados.
García Barroso ha solicitado la mediación del Gobierno regional para que intervenga y se logre una solución ante lo que considera una falta de responsabilidad por parte de la empresa. Aunque la huelga ha recibido una amplia respuesta, ha lamentado que algunos trabajadores han decidido no unirse a la protesta, optando por continuar trabajando en la nave de CTS en Olías y en el centro de un cliente en Ajofrín.
La amenaza de despido afecta a más de 40 personas, incluido todo el equipo del área textil. García Barroso ha destacado que 20 de estas trabajadoras, que no tienen discapacidad, han estado en la empresa durante más de diez años, percibiendo solo el salario mínimo de una firma de moda, Mangata, que ha decidido prescindir de los servicios de CTS.
La huelga se había convocado antes del verano, pero se había aplazado en más de una ocasión confiando en los compromisos de pago de la empresa, que, según los trabajadores, han sido incumplidos reiteradamente. Cocemfe Toledo Servicios había iniciado un proceso de negociación para subrogar gran parte de la plantilla en otro Centro Especial de Empleo, pero estas negociaciones no han avanzado.
García Barroso ha instado a la Administración a tomar medidas urgentes para resolver la situación de la empresa, que enfrenta una deuda de cuatro millones de euros. Asimismo, ha enfatizado que los trabajadores no pueden comenzar octubre sin tener certezas sobre sus nóminas pendientes y ha instado a la empresa a liberar a los trabajadores si no es viable mantener la operación, lo que les permitiría acceder a acciones judiciales y al desempleo.
Finalmente, ha revelado que hasta 83 trabajadores de CTS han presentado demandas judiciales para la rescisión de sus contratos. García Barroso ha criticado el uso de la figura de trabajadores con discapacidad por parte de muchos Centros Especiales de Empleo con ánimo de lucro y ha solicitado una vigilancia más estricta por parte del Ejecutivo autonómico sobre las ayudas públicas otorgadas a estos centros, donde los empleados con discapacidad perciben el salario mínimo mientras realizan las mismas tareas que sus compañeros sin discapacidad, quienes reciben salarios acordes al convenio colectivo correspondiente.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
