El próximo miércoles, 19 de marzo, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) se reunirá con representantes de la Consejería de Bienestar Social para abordar la gestión del acogimiento residencial de menores y las implicaciones del reciente fallo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Este tribunal ha determinado que la Junta de Castilla-La Mancha está «incumpliendo» el convenio colectivo de los trabajadores en estos centros, lo que ha suscitado preocupación en el sector.
La reunión fue anunciada por Ana Delgado, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla-La Mancha, durante una concentración que tuvo lugar en Badajoz. Esta manifestación fue convocada por el sindicato junto a UGT para condenar el asesinato de una educadora en un piso destinado a menores bajo medidas judiciales.
Delgado expresó la importancia de conocer las medidas que la Consejería de Bienestar Social implementará tras el fallo judicial. Subrayó que es vital que la Administración regional respete las condiciones económicas y laborales establecidas en el convenio colectivo para los profesionales que operan en el sistema de menores de Castilla-La Mancha. «Queremos saber qué acciones tomará la Consejería de Bienestar Social, ya que las ratios y retribuciones están reguladas en el convenio colectivo», afirmó.
El Tribunal de Recursos Contractuales ha respaldado a CCOO tras la presentación de un recurso que denuncia la falta de cumplimiento de la legislación vigente y las directivas europeas relacionadas con este convenio. La líder sindical ha exigido una mejora sustancial en los salarios de los trabajadores del sector, solicitando un aumento del 35% para los profesionales de protección y del 20% para aquellos que laboran en centros de medidas judiciales de régimen abierto.
Además, Delgado destacó que la actual situación de contratación, que permite que un auxiliar permanezca solo en un centro, es inaceptable, instando a que el personal esté adecuadamente respaldado. En la región, alrededor de 550 trabajadores están distribuidos en 60 centros, de los cuales 150 están ubicados en Toledo. CCOO representa el 60% de los trabajadores en este sector, según declaró Ana Delgado, quien también señaló que el cumplimiento del convenio colectivo en el contexto de los conciertos sociales debe ser responsabilidad de las empresas, pidiendo a la Junta que implemente sanciones para aquellas que no lo cumplan.
Por su parte, Estrella Fernández de UGT enfatizó la sensibilidad del asunto y manifestó la disposición del sindicato a considerar cualquier mecanismo que la administración proponga para mejorar las condiciones laborales en los centros de protección y atención. «Es crucial resolver esta situación, pero también el cómo se logra», comentó Fernández, subrayando que, a pesar de que la gestión esté externalizada, la responsabilidad recae en la Junta, ya que los trabajadores desempeñan un papel fundamental en la protección de la infancia y la adolescencia.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
