La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido archivar de manera definitiva el caso que implicaba a Javier López Madrid, al comisario jubilado José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo. Estos estaban acusados de acosar a la doctora María Elisa Pinto a instancias de López Madrid, en medio de disputas personales. La resolución se fundamenta en un fallo que concluye que la abogada de Pinto carecía de legitimidad para presentar una acusación por cohecho en este contexto, impidiendo así la apertura del juicio oral que se había planteado anteriormente.
La defensa de López Madrid argumentó con éxito que la acusación particular no tenía la legitimación necesaria, convenciendo a la corte de la necesidad de desestimar el caso. Esta decisión se produce tras la suspensión del juicio a los tres involucrados en noviembre del pasado año, debido a la enfermedad de la letrada de Pinto.
Además, la resolución se basa en la falta de una acusación popular que pudiera sostenerse en el proceso, a pesar de la presencia de acusaciones particulares. Se señala que la práctica de una acusación particular no es válida en delitos contra la Administración Pública, en los que solo se permite la acusación popular. Cabe recordar que el partido Podemos había retirado su acusación en diciembre de 2022 en este mismo caso.
El fallo también se apoya en precedentes del Tribunal Supremo y argumenta que no se genera indefensión para los acusados, pues la fiscalía ya había solicitado el archivo del caso en junio de 2022, por la falta de indicios sólidos y porque los hechos eran objeto de otra investigación judicial. Esta unificación y la oportunidad que se abre para que Pinto defienda sus alegaciones en otro juzgado, lejos de representar indefensión, proporciona un camino más claro hacia la resolución de sus posiciones.
Finalmente, la Audiencia Nacional resalta la falta de una base sólida para condenar en esta causa, especialmente por la dificultad de probar elementos esenciales del cohecho, como el presunto pago de dádivas. Este archivo no solo simplifica la situación judicial para los acusados, sino que también subraya la complejidad de la persecución y demostración de estos delitos dentro del sistema legal español.
