La reciente inundación en Valencia ha dejado un saldo trágico de más de 50 víctimas mortales y ha expuesto deficiencias en la gestión de emergencias en la comunidad. La eliminación de la Unidad de Emergencias Valenciana (UEV) hace un año, una decisión apoyada por el Partido Popular (PP) y VOX, ha generado una fuerte controversia. Muchos consideran que esta medida ha debilitado la capacidad de respuesta ante desastres naturales, incrementando así el sufrimiento de los afectados.
La decisión de suprimir la UEV fue tomada por la administración del presidente Carlos Mazón, quien argumentó que el servicio representaba un gasto innecesario. Sin embargo, la reciente crisis ha puesto de manifiesto las fallas en la atención de emergencias, llevando a la ciudadanía a cuestionar si esta falta de previsión ha causado un costo más elevado, especialmente entre los sectores más vulnerables, que dependen en mayor medida de estos servicios.
En medio de la tragedia, las críticas hacia las políticas de recortes en servicios públicos han resurgido. Tanto la ciudadanía como la oposición política señalan que estas medidas han afectado desproporcionadamente a los grupos más desfavorecidos, lo que ha suscitado un amplio debate sobre la necesidad de incrementar recursos en prevención y asistencia pública en situaciones de emergencia. Este disenso también se ha trasladado a las redes sociales, donde muchos comparan la actual situación con la gestión de las residencias de ancianos en Madrid durante la pandemia.
Los críticos enfatizan que las decisiones políticas de recorte en servicios esenciales, como el de emergencias, están teniendo graves repercusiones en el bienestar y la seguridad de la población. A medida que la comunidad valenciana se recupera de esta catástrofe, la presión para reconsiderar y restaurar los servicios de emergencia es cada vez más evidente.
