La Guardia Civil ha iniciado una investigación a un conductor que fue sorprendido en dos ocasiones distintas por conducir bajo los efectos del alcohol, en un lapso de menos de seis horas en la provincia de Guadalajara.
El primer incidente tuvo lugar en la madrugada del domingo 23 de febrero, aproximadamente a las 5:00 horas. Durante un control de alcoholemia en la vía de servicio del kilómetro 55 de la A-2, una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Sigüenza detuvo al conductor para realizarle las pruebas pertinentes. Los resultados arrojaron un nivel de 0,79 mg/l en la primera prueba y 0,81 mg/l en la segunda, lo que llevó a los agentes a investigar al individuo por un presunto delito contra la Seguridad Vial. Su acompañante, quien arrojó un resultado negativo en la prueba, se hizo cargo del vehículo.
Unas horas más tarde, alrededor de las 11:20 horas, la Guardia Civil recibió un aviso de un ciudadano que informaba sobre la irregular conducción de un vehículo en la carretera N-320, en el tramo correspondiente a Horche. La Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) interceptó al conductor, quien presentaba evidentes signos de haber consumido alcohol. Al solicitar apoyo de una patrulla de Tráfico, los agentes confirmaron que se trataba del mismo individuo que había sido investigado previamente.
Tras someterlo a nuevas pruebas de alcoholemia, el resultado fue positivo, con un nivel de 1,05 mg/l en la primera prueba. Sin embargo, el conductor se negó a realizar la segunda prueba, lo que llevó a la Guardia Civil a investigar nuevamente al individuo tanto por conducir bajo los efectos del alcohol como por negarse a someterse a las pruebas establecidas por la ley.
Según el artículo 379 del Código Penal, conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas puede ser considerado un delito contra la seguridad vial, con penas que oscilan entre tres y seis meses de prisión, multas de seis a doce meses, trabajos en beneficio de la comunidad y la privación del derecho a conducir por un periodo que puede variar entre uno y cuatro años. Además, negarse a realizar las pruebas de alcoholemia puede acarrear un delito adicional conforme al artículo 383 del mismo código, cuya pena puede llegar a ser de seis meses a un año de prisión, además de la privación del derecho a conducir.
Este caso resalta la importancia de respetar las normas de tráfico y la prevención de accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol, un problema que sigue siendo una preocupación significativa para la seguridad vial en España.
vía: Diario de Castilla-La Mancha