La Dirección General de Tráfico (DGT) es el organismo responsable de controlar, regular y garantizar la seguridad en las carreteras de España. Su labor incluye la creación y actualización de la normativa vial, la supervisión de los permisos de conducción y la implementación de campañas de concienciación para reducir la siniestralidad en las vías. Sin embargo, dentro de su misión de velar por la seguridad vial, surgen dudas sobre el alcance de su intervención ante comportamientos como los insultos y gestos obscenos entre conductores.
La agresividad al volante es un problema frecuente en España, donde el Barómetro de la Conducción Responsable, elaborado por la Fundación VINCI Autoroutes, revela que el país lidera el ranking europeo en conductas incívicas e infracciones. Estas actitudes, más allá de ser simples muestras de mala educación, generan nerviosismo e inseguridad en otros conductores, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de accidentes.
A pesar del papel fundamental que desempeña la DGT en la regulación del tráfico, no tiene la autoridad para sancionar explícitamente interacciones agresivas como insultos o gestos obscenos dirigidos a otros conductores. Según expertos del servicio jurídico de Dvuelta, no existe legislación en España que castigue específicamente estas conductas, salvo en casos donde los insultos se dirigen a la autoridad, como un agente de la Guardia Civil de Tráfico, lo cual podría ser sancionado bajo la Ley de Seguridad Ciudadana. Esto significa que insultar a un conductor no conlleva consecuencias legales directas.
En contraste, otros países europeos sí disponen de leyes que regulan este comportamiento. Por ejemplo, en Alemania, el Código Penal establece sanciones para las faltas de este tipo, que pueden implicar multas de entre 150 y 600 euros. Aunque la DGT no puede multar directamente por insultos o gestos agresivos, es crucial entender que estas actitudes pueden poner en riesgo la seguridad vial al crear situaciones de tensión en las carretera.
El civismo y el respeto en la conducción son esenciales para asegurar una circulación segura y libre de conflictos. La ausencia de normativa en España para sancionar comportamientos incívicos al volante plantea la necesidad de revisar esta laguna legal, considerando ejemplos de otros países europeos que han implementado regulaciones más estrictas para la convivencia en la vía pública.
