La tensión política está en su punto álgido a pocos días de la Conferencia de Presidentes, programada para el 6 de junio en Barcelona. Las recientes revelaciones sobre las escuchas en la UCO, publicadas por Diario de Actualidad, han intensificado la crispación entre el Gobierno y el PP, lo que ha llevado a los populares a convocar una protesta en Madrid el 8 de junio contra lo que consideran la "mafia socialista". Esta situación complica aún más la reunión preparatoria en el Palacio de Pedralbés.
La gran interrogante que flota en el ambiente es cómo se podría mantener una imagen institucional en un encuentro con el presidente del Gobierno cuando, solo 48 horas después, se exige su dimisión en las calles. Aunque no hay un boicot oficial por parte de los barones del PP, la idea ya se discute entre muchos. Un desafío adicional es que la Conferencia está presidida por el rey Felipe VI, lo que añade un matiz formal a la situación.
Mientras tanto, las comunidades gobernadas por el PP han dejado claro que no planean dejar a Sánchez solo en la sala con presidentes socialistas como Imanol Pradales y Fernando Clavijo. Sin embargo, ciertas autonomías ya estudian un posible boicot centrado en el polémico orden del día de la reunión.
Un aspecto clave del conflicto es el reglamento de la Conferencia de Presidentes, aprobado en 2022, que establece que el orden del día debe fijarse con el aval de al menos diez comunidades. La última reunión entre el Ministerio de Política Territorial y los representantes autonómicos terminó en un desencuentro, ya que el PP se negó a aceptar una agenda limitada a temas propuestos por el Gobierno, como vivienda y modelo universitario. Regiones como Castilla-La Mancha y el País Vasco exigen que se incluyan en la discusión temas más amplios, como energía y financiación autonómica.
La presión sobre el PP aumenta, y figuras como Isabel Díaz Ayuso han advertido que si el Gobierno solo busca "una foto para tapar sus casos de corrupción", Madrid no estará presente. Otras comunidades, como Andalucía, también evalúan no asistir si no se satisfacen sus reclamos. El PP espera una señal del Ejecutivo, pero subraya que, sin un orden del día consensuado, la Conferencia no se podrá celebrar. Además, piden un cambio en el formato de intervenciones, tras las limitaciones de tiempo en la última cumbre en Santander.
Históricamente, el PP ha recurrido a boicots similares, como el del Consejo de Política Fiscal o la Conferencia Sectorial de Justicia. En este contexto, la posibilidad de un nuevo enfrentamiento institucional amenaza con convertir la cumbre de Barcelona en un escenario de bloqueo total.
Ante esta escalada de tensiones, la pregunta no es solo si la Conferencia se llevará a cabo, sino si, en caso de celebrarse, resultará en algo más que en la profundización de la división política.
