La reciente implementación de la nueva ley de eficiencia de la Justicia ha generado importantes cambios en el proceso de matrimonio civil en España. A partir de este jueves, la normativa, conocida como ‘ley Bolaños’, ha eliminado la posibilidad de que los Juzgados de Paz celebren matrimonios, transfiriendo esta responsabilidad a alcaldes, concejales y notarios. Este giro legislativo plantea un nuevo panorama para las parejas que desean formalizar su unión, ya que ahora deberán afrontar ciertos costes que antes no existían.
La Asociación de Municipios y Provincias (FEMP) y muchos ayuntamientos han expresado su profunda inquietud por las implicaciones de esta ley. Han solicitado al Gobierno reconsiderar esta medida, y hasta el propio Félix Bolaños, quien impulsó la ley, ha manifestado su intención de revisar la disposición antes de su plena aplicación, aunque aún no hay una solución concreta ni un plazo definido.
La ley, según el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, busca reorganizar el servicio público de Justicia en España. No obstante, su implementación ha dejado a más de 7.500 jueces de paz sin la capacidad de oficiar bodas civiles. Esto plantea un inconveniente significativo, especialmente para parejas en localidades pequeñas, donde los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción no están disponibles, y que encontraban en los jueces de paz una opción accesible y económica.
El nuevo costo que las parejas ahora deberán asumir ha generado un considerable descontento. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ya se ha visto obligado a ajustar sus calendarios y tarifas para los matrimonios programados en los próximos meses. Mientras que algunos municipios han decidido mantener la ceremonia gratuita si se lleva a cabo durante la semana, en lugares como Madrid se ha establecido una tarifa específica para los enlaces realizados en sábado.
Desde el Ministerio de Justicia, se ha señalado que el bloqueo de posibles enmiendas que permitieran a los jueces de paz seguir oficiando bodas es responsabilidad del Partido Popular (PP). A pesar de ello, hay un interés claro en recuperar esta competencia para los jueces de paz a la mayor brevedad posible. En este contexto, la ciudadanía y las corporaciones locales se encuentran en una espera incierta, tratando de encontrar soluciones para mitigar los obstáculos y gastos adicionales que la nueva ley impone a las parejas, destacando así la necesidad de asegurar la accesibilidad y funcionalidad de uno de los servicios más solicitados en la justicia civil.
