La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual se publicó en septiembre de 2022, entrando en vigor en octubre y produciendo una serie de reducciones de penas y excarcelaciones a delincuentes sexuales a partir del 15 de noviembre, generando tensiones en la coalición gubernamental. El Consejo General del Poder Judicial ha reportado 721 reducciones y 74 liberaciones de prisión, y la discusión sobre cómo abordar estos “efectos indeseados” ha sido otra fuente de desgaste en el Ejecutivo.
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