La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su preocupación ante lo que considera una inminente «privatización» de los servicios públicos en Castilla-La Mancha, impulsada por el Gobierno regional a través de la Ley de Simplificación Administrativa. Este anteproyecto de ley, que se encuentra en fase de tramitación en las Cortes de Castilla-La Mancha, presenta como objetivo oficial la reducción de las cargas administrativas. Sin embargo, CSIF argumenta que la norma, bajo la premisa de mejorar la eficiencia en las relaciones entre la Administración, la ciudadanía y el sector empresarial, introduce figuras de colaboración público-privada que podrían afectar seriamente la gestión pública.
En concreto, el título IV de este anteproyecto plantea la creación de entidades colaboradoras encargadas de llevar a cabo tareas de comprobación, inspección y certificación en diversas áreas, tales como servicios sociales, sanidad, urbanismo y patrimonio cultural. CSIF ha advertido que esto implicaría la posibilidad de que prácticamente cualquier gestión pública pudiera ser realizada por la iniciativa privada, lo que podría conllevar un desmantelamiento de los servicios públicos tal y como se conocen en la actualidad.
La organización sindical también critica que la Administración regional delegaría la responsabilidad ante reclamaciones ciudadanas directamente en estas entidades colaboradoras. Estas entidades tendrían la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil con un valor mínimo de un millón de euros, una medida que, según CSIF, es insuficiente para garantizar una rendición de cuentas adecuada.
Victoria Ortiz, secretaria de Negociación de CSIF Castilla-La Mancha, ha manifestado su profunda preocupación ante esta situación. «El Gobierno regional está blindando legalmente una futura privatización de los servicios públicos. En lugar de reforzar las plantillas de empleados públicos en áreas críticas como sanidad o servicios sociales, se permite que empresas privadas asuman funciones que deberían ser desempeñadas por la Administración. Se están eliminando funciones esenciales de la propia Administración», ha declarado Ortiz, advirtiendo sobre el riesgo que esto representa para la calidad y accesibilidad de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía.
Este desarrollo ha suscitado un amplio debate en la región, con CSIF a la cabeza de la oposición a estas medidas, que muchos consideran un paso hacia la privatización de servicios esenciales que deberían seguir siendo gestionados por el sector público.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
