La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que es el principal sindicato en la Mesa General de la Función Pública de Castilla-La Mancha, ha solicitado al Gobierno regional que detenga la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa. Esta petición surge tras haber recibido un «contundente informe negativo» del Consejo Consultivo.
Este anteproyecto, que el Gobierno de Castilla-La Mancha elevó en enero, es considerado un paso necesario para su posterior remisión a las Cortes. Sin embargo, el dictamen emitido el 20 de marzo ha sido calificado por CSIF como un «auténtico varapalo» que cuestiona de manera sustancial las propuestas contenidas en la ley. El sindicato, que ha criticado esta legislación desde noviembre, advierte que podría tratarse de un «atentado a los servicios públicos» y un mecanismo que facilitaría su privatización bajo la justificación de mejorar la eficiencia administrativa.
Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, ha puesto de relieve que las entidades colaboradoras mencionadas en el título IV del anteproyecto podrían permitir que cualquier gestión pública incluya una participación privada. Esto, según el sindicalista, podría desencadenar un desmantelamiento progresivo de los servicios públicos.
El Consejo Consultivo ha observado que la regulación de estas entidades presenta una «gran indefinición» respecto a las funciones que podrán ejercer y los ámbitos en los que podrán operar. Además, advierte que el alcance de estas funciones podría usurpar competencias que son exclusivas de los empleados públicos, tal como lo establece la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha.
En su dictamen, considerado «demoledor», se subraya que las funciones asignadas a las entidades colaboradoras podrían implicar una violación de las competencias reservadas a la función pública, generando incertidumbre sobre la compatibilidad, responsabilidades, reclamaciones y sanciones relacionadas con estas entidades.
Sánchez ha criticado la falta de sensibilidad del Gobierno regional ante las advertencias de los representantes de los trabajadores y ha expresado su deseo de que se desestime esta normativa, que, según su opinión, pone en riesgo la privatización de los servicios públicos esenciales de la región.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
