La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado su inquietud ante el reciente incremento de 801 desempleados en febrero en Castilla-La Mancha, un aumento que eleva el total de parados en la región a 131.162, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este notable aumento sitúa a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad autónoma con mayor incremento en el desempleo, marcando un inicio de año difícil con la pérdida de 3.396 empleos entre enero y febrero, de los cuales 2.693 son de mujeres, lo que representa un preocupante 79,3% del total.
En el contexto de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este sábado, CSIF ha resaltado las persistentes desigualdades que enfrenta el mercado laboral en Castilla-La Mancha. Según las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social de febrero, las mujeres solo constituyen el 34,3% de la contratación indefinida a tiempo completo, una cifra que se eleva al 73% en los contratos a tiempo parcial. Además, las mujeres asumen la mayor parte de la contratación temporal, tanto a tiempo completo (56,7%) como a tiempo parcial (65%).
La organización ha subrayado que las mujeres siguen llevando la carga del cuidado de menores y personas dependientes. Esto a menudo les obliga a reducir su jornada laboral, solicitar excedencias y aceptar contratos a tiempo parcial, lo que impacta negativamente en sus ingresos y pensiones futuras. CSIF aboga por avanzar hacia una conciliación real que no implique penalizaciones laborales ni salariales.
De igual forma, el sindicato ha señalado que en los primeros dos meses del año, el sector de la Sanidad y los Servicios Sociales en Castilla-La Mancha ha visto la eliminación de 562 empleos, a pesar del aumento de patologías respiratorias en la población.
CSIF también ha reiterado su reclamo por la devolución de todas las subvenciones otorgadas por el Gobierno regional a los sindicatos CCOO y UGT, que ya superan los 44,2 millones de euros, cifra que se incrementó tras un último ingreso de 356.000 euros el 26 de diciembre del año pasado. La organización considera que estas prácticas comprometen la independencia sindical y exige la restitución de estos fondos para su reinversión en la protección de los colectivos más vulnerables y en el fortalecimiento de los servicios públicos.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
