La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real comenzará el próximo martes, 18 de marzo, el juicio contra cuatro individuos acusados de secuestrar a un hombre durante más de diez horas, exigiendo 2.500 euros como compensación por una deuda supuestamente contraída con ellos. Este proceso judicial, que originalmente estaba programado para junio del año pasado, se suspendió debido a la incomparecencia del abogado del principal acusado por motivos de salud.
Los hechos se remontan a marzo de 2020, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press. Los cuatro acusados obligaron a la víctima a subirse en un automóvil, donde le sustrajeron 300 euros que llevaba consigo. En ese momento, comenzaron a amenazarlo, exigiéndole la cantidad de 2.500 euros y advirtiéndole que lo matarían y arrojarían su cuerpo a un pozo si no cumplía con su demanda.
Los presuntos secuestradores trasladaron a la víctima al Parque Forestal de La Atalaya, continuando con las amenazas, antes de llevarlo a un cajero automático de una entidad bancaria en un intento de retirar el dinero exigido. Sin embargo, la operación resultó imposible ya que la víctima no contaba con saldo suficiente en su cuenta. Posteriormente, lo llevaron a una vivienda donde permaneció en espera de que el banco abriera a las 8:30 horas.
En el banco, uno de los acusados solicitó 2.500 euros a la empleada; no obstante, la operación fue denegada. La situación inusual despertó las sospechas de la directora de la entidad, quien se dio cuenta de que algo no estaba bien. A pesar de que el acusado le pidió que llamara a la policía, esta opción fue descartada por instancias de la víctima, quien optó por marcharse nuevamente con sus captores.
Los acusados llevaban de regreso a la víctima a La Atalaya cuando finalmente lo llevaron a otro banco situado en la calle Toledo. En este último lugar, la víctima logró pedir ayuda al director y activar la alarma, lo que condujo a la llegada de las fuerzas del orden.
En respuesta a estos hechos, la Fiscalía ha solicitado penas que oscilan entre cuatro años y seis meses de prisión para dos de los acusados, quienes enfrentan cargos por detención ilegal y robo con violencia e intimidación. Para los otros dos acusados, la solicitud es de cinco años de prisión, en atención a un agravante de reincidencia.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
