La reciente sesión ordinaria del Pleno Municipal de Alcázar de San Juan, celebrada el 29 de octubre, centró su debate en la implementación de la Ley 7/22 de 8 de abril de 2024 sobre residuos y suelos contaminados, que busca minimizar los impactos adversos de la gestión de residuos conforme a la economía circular. Esta normativa sigue la directiva europea 2018/851 y su aplicación ha generado diversas opiniones entre los grupos políticos.
La sesión inició con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género, seguido por la aprobación del expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para 2025, con 12 votos a favor y 8 en contra. En este contexto, la portavoz de VOX, María Jesús Pelayo, propuso reducir la presión fiscal aprovechando la actual bonanza económica que, según ella, es resultado de la gestión del gobierno 2011-2015. Hizo especial hincapié en el impuesto de bienes inmuebles y la tasa de basura, un tema tratado también en una moción presentada por su grupo.
José Antonio Navarro, portavoz del Partido Popular, argumentó que en el favorable contexto económico actual, era pertinente comprometerse con políticas de reducción fiscal gradual. Sin embargo, la portavoz socialista Ana Isabel Abengózar aclaró que la modificación de las ordenanzas fiscales se centraba en ajustes técnicos, sin incrementos de precios públicos, salvo por las bajadas en Cultura. Criticó a VOX y al PP por no implementar estas reducciones fiscales durante sus gobiernos.
La alcaldesa Rosa Melchor destacó las mejoras planeadas gracias al favorable estado económico del municipio, como el arreglo de la Avenida del Deporte y la llegada de nuevas empresas. En cuanto a la tasa de basura, Pedro Noblejas, responsable de Medio Ambiente, explicó que la ley obligaba a establecer una tasa diferenciada que cubra todos los costos sin dejar margen para financiación parcial.
El portavoz del PP expresó preocupaciones sobre la autonomía municipal con esta ley, mientras que el socialista Javier Ortega señaló que todos los ayuntamientos están obligados a cumplir con esta directiva europea, que fue respaldada por partidos conservadores. Ortega también subrayó el déficit de 266.000 euros previsto en la gestión de residuos para 2024, instando a una reevaluación de las afirmaciones de VOX sobre el excedente para reducir el IBI.
Finalmente, el pleno concluyó con preguntas sobre la gestión educativa del IES Juan Bosco y la recuperación de vegetación en la Avenida de la Constitución, donde se discutieron medidas de mejora y búsqueda de financiamiento para futuras intervenciones. Este encuentro subraya el continuo desafío de equilibrar la implementación de regulaciones ambientales europeas con las realidades fiscales y políticas locales.
Fuente: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
