España se encuentra nuevamente en el centro de un conflicto internacional ligado al caso del Sultán de Sulu con una nueva demanda multimillonaria. Los supuestos herederos del sultán han presentado una reclamación de 18.000 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En esta ocasión, acusan a España de obstaculizar la ejecución de un laudo arbitral por 14.900 millones de dólares emitido en contra de Malasia por el árbitro español Gonzalo Stampa.
El conflicto se remonta a un litigio sobre la posesión de un territorio en la costa norte de Borneo. Inicialmente, el fallo arbitral fue favorable a los herederos, condenado a Malasia. Sin embargo, la situación se complicó cuando España intervino en el proceso al anular el nombramiento de Stampa como árbitro, argumentando presuntas irregularidades en la notificación a Malasia. A pesar de esta anulación, el árbitro continuó con el procedimiento y emitió el laudo desde París. Esta acción le valió a Stampa una condena en España por desobediencia.
Los demandantes filipinos sostienen que la intervención de España ha frustrado sus esfuerzos por ejecutar el laudo contra Malasia. En su argumento, aseguran que si no hubiera sido por la injerencia española, habrían podido avanzar en la ejecución del laudo. Recientemente, un tribunal neerlandés también se pronunció en favor de Malasia, negando la ejecución del laudo arbitral.
Este caso ha tenido repercusiones significativas no solo para los herederos, sino también para Gonzalo Stampa, quien ha visto rechazada su apelación y enfrenta una sentencia de seis meses de cárcel, así como una prohibición de ejercer como árbitro durante un año. La raíz del conflicto se halla en un acuerdo territorial de 1878 en la región de Sabah, y ha cobrado nueva relevancia tanto mediática como política, sobre todo ante las acusaciones de los herederos de que Malasia ha ejercido presiones políticas sobre España en este litigio internacional.
