Este martes ha dado inicio en la Audiencia Provincial de Guadalajara el juicio contra el exalcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, quien enfrenta acusaciones de malversación de fondos públicos y prevaricación. Además de San Vidal, otros cuatro coacusados, identificados como M.A.J.B., A.M.C.C., M.C.J. y A.V.R., también están implicados en el caso. Según las conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal había solicitado inicialmente una pena de 10 años de prisión para San Vidal, y para los demás acusados, las penas solicitadas oscilan entre 2 años y medio y 5 años.
No obstante, las solicitudes de pena podrían ser modificadas a raíz de una reforma reciente en el Código Penal que influye en la consideración de los delitos de malversación y administración desleal, lo cual podría tener un impacto en las acusaciones del Ministerio Fiscal.
El caso se originó tras la denuncia de varias trabajadoras del Ayuntamiento, quienes manifestaron su inquietud ante sospechas de que el alcalde y otros funcionarios municipales estaban apropiándose de manera indebida de fondos del Consistorio. Las irregularidades a las que hace referencia la denuncia incluyen la retención de ingresos en efectivo por conceptos como fiestas, la utilización de facturas falsas y la simulación de cursos de formación que, en realidad, nunca se llevaron a cabo. Además, se alega que se falsificaron firmas de alumnos para acceder a subsidios de la Diputación.
Durante la primera jornada del juicio, Marta R., una de las denunciantes y funcionaria del Ayuntamiento desde 2004, fue la primera en declarar. Junto a su colega Eva C., presentó en 2019 documentación que respaldaba su acusación, justificando la necesidad de actuar para «parar la situación». Ambas denunciantes han refutado que sus acciones tuvieran motivaciones políticas, a pesar de los intentos de la defensa por vincularlas a intereses partidistas. Aunque Marta fue candidata en listas de Unidas por Cabanillas, enfatizó que su denuncia se basaba en la detección de irregularidades contables.
Marta también relató que había mantenido una contabilidad paralela porque sospechaba que los ingresos del municipio no coincidían con los depósitos bancarios, constatando diferencias superiores a 5,000 euros en ciertas ocasiones. Añadió que el exalcalde empleaba su propio dinero para determinados pagos, que luego trasladaba al Ayuntamiento, utilizando facturas que le permitían justificar gastos que no requerían comprobación.
Por su parte, Eva C. reiteró la existencia de irregularidades contables y defendió la independencia de su denuncia de cualquier interés político, subrayando que tanto ella como Marta decidieron actuar basándose únicamente en las prácticas irregulares observadas en la administración municipal.
El juicio, que se ha prolongado por más de seis horas y media, continuará al día siguiente con más audiencias, incluyendo otros testimonios de empleados del Ayuntamiento.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
