La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación Namib, que ha resultado en la detención de cinco personas e investiga a otras 18 por su presunta implicación en el comercio y tenencia ilícita de ejemplares de fauna silvestre. Esta operación ha logrado desarticular una red delictiva internacional dedicada al tráfico de especies protegidas.
Los arrestos se han realizado en diversas localidades de la provincia de Cáceres, donde se encuentran nueve de los investigados, además de cuatro en Málaga, uno en Badajoz, uno en Lugo, uno en Ciudad Real, uno en Almería y finalmente, uno en Madrid. La red operaba tanto a nivel nacional como internacional, ya que algunas de las especies detectadas provenían de Portugal. Su actividad se centraba en el transporte, comercialización y tenencia ilegal de especies animales incluidas en los Apéndices I y II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), cuyo comercio está estrictamente prohibido o fuertemente regulado.
Esta operación, que se ha extendido durante más de un año, ha contado con el apoyo técnico de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las actuaciones se han desarrollado en varias provincias del país, incluyendo Madrid, Málaga, Lugo, Ciudad Real, Almería y Badajoz, aunque los esfuerzos operativos se han concentrado en Cáceres.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha sido el encargado de implementar esta operación. Durante las inspecciones en establecimientos de venta de especies exóticas, almacenes y domicilios particulares, se han inmovilizado aproximadamente una treintena de ejemplares de fauna protegida. La mayoría de estos ejemplares son aves exóticas de la familia de los psitácidos, como guacamayos, loros yacos africanos de cola roja, cotorras del sol y amazonas aestivas. También se han incautado reptiles como tortugas de espolones africanos y tortugas leopardo, así como especies invasoras, destacando una suricata, un mamífero carnívoro originario del extremo sur de África.
Los detenidos podrían enfrentarse a penas de entre seis meses y dos años de prisión por delitos contra el medio ambiente y la protección de la flora y fauna. Además, se enfrentan a sanciones económicas significativas y, en cualquier caso, a inhabilitación especial para actividades relacionadas con la tenencia o comercio de animales. La Guardia Civil ha enfatizado que la gravedad de estos delitos no solo atenta contra la biodiversidad y el equilibrio ecológico, sino que también contribuye al deterioro de ecosistemas frágiles y a la extinción de especies de alto valor ecológico, científico y cultural.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
