Los sindicatos de España han alzado la voz contra Ikea, denunciando despidos masivos de empleados con más de 20 años de antigüedad. Según las denuncias, la multinacional sueca justifica estas salidas por “bajo rendimiento”, lo que los representantes de los trabajadores consideran una táctica para reemplazar a estos veteranos por nuevos empleados con contratos menos favorables y costos reducidos para la empresa. A pesar de estas bajas, Ikea sigue realizando contrataciones en sus tiendas físicas y en su plataforma online, lo que aumenta las sospechas en torno a sus prácticas laborales.
La situación ha generado alarma en diversas localidades del país, incluyendo Alcorcón, Sevilla y Zaragoza, donde ya se han reportado despidos. Los sindicatos no solo han señalado el impacto de los despidos, sino también un ataque a los derechos laborales y al sindicalismo dentro de Ikea. Según sus representantes, han enfrentado acoso y represalias por parte de la empresa, creando un ambiente de tensión. Un tribunal en Málaga condenó recientemente a Ikea por discriminar a una trabajadora y violar sus derechos sindicales, pero esta decisión no ha detenido lo que los sindicatos consideran un patrón de conductas abusivas.
Los sindicatos argumentan que Ikea busca debilitar la fuerza sindical eliminando a trabajadores veteranos, lo que podría ser indicativo de un plan más amplio para desmantelar los derechos laborales en la empresa. A pesar de sus grandes beneficios económicos, la multinacional podría estar siguiendo una estrategia para reducir costes laborales a expensas de los empleados con más antigüedad, quienes disfrutan de mejores condiciones laborales.
Esta situación ha suscitado serias preocupaciones entre los sindicatos, que advierten que Ikea podría estar deliberadamente debilitando a su fuerza laboral sindicada y presionando a los empleados hacia condiciones de trabajo menos favorables. Los despidos masivos y las acciones de represión sindical se interpretan como parte de un enfoque más amplio para transformar su plantilla en un grupo de trabajadores con menos derechos y mayor vulnerabilidad, un modelo que ya se ha observado en otras multinacionales.
