En 2024, las Fuerzas de Seguridad de España han registrado un alarmante total de 4.433 robos de cableado de cobre y otros materiales conductores. Esta cifra representa un incremento del 87% en comparación con los 2.367 incidentes reportados en 2019, reflejando una tendencia creciente en este tipo de delitos. A lo largo de los años anteriores, los números han ido en aumento constante: se contabilizaron 1.460 robos en 2020, 2.365 en 2021, 3.650 en 2022 y 4.053 en 2023.
En el último año, las autoridades detuvieron e investigaron a 987 personas relacionadas con estos delitos, el doble de las 420 detenciones registradas en 2019. A pesar de una leve caída a 258 en 2020, la cifra ha ido en aumento: 437 detenidos en 2021, 661 en 2022 y 805 en 2023. Las comunidades autónomas con mayor número de arrestos en el último año son Asturias, con 147 detenidos; Castilla-La Mancha y Andalucía, ambas con 146; y la Comunitat Valenciana, con 116 arrestos.
Castilla-La Mancha se consolida como la comunidad más afectada, con un total de 799 robos, seguida de Andalucía, con 745, y la Comunidad de Madrid, con 678. Otras regiones que han reportado cifras significativas incluyen Castilla y León (428), Aragón (298), Asturias (272), la Comunitat Valenciana (271) y Galicia (259).
La gravedad de estos robos ha llevado al Ministerio del Interior a investigar incidentes recientes, como el robo de cables en la provincia de Toledo, que afectó la línea de alta velocidad del AVE entre Madrid y Andalucía. Este acto, considerado deliberado, se perpetró en un tramo crucial en un momento de alta afluencia de viajeros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, subrayó que, aunque el valor económico del cable robado fue relativamente bajo, alrededor de 1.000 euros, el perjuicio a los 10.700 viajeros afectados fue considerable.
Recientemente, la Guardia Civil llevó a cabo una operación denominada ‘Ascia’, desarticulando un grupo delictivo que había robado más de 34.215 metros de cable de cobre, valorado en casi dos millones de euros. Estas sustracciones se llevan a cabo de manera organizada, implicando inspecciones previas de lugares y la quema de cables para extraer el cobre antes de su venta en chatarrerías. La creciente preocupación por estos delitos ha llevado al Ministerio del Interior a implementar un «Plan permanente de Respuesta de Actividades Ilícitas relacionadas con el Cobre».
vía: Diario de Castilla-La Mancha
