23 abril, 2025
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Detenidos en Ciudad Real por operar una empresa fantasma de seguridad sin autorización

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de dos individuos considerados los máximos responsables de un entramado que facilitaba la contratación y prestación de servicios de seguridad sin la debida autorización legal. Estos detenidos están presuntamente vinculados a delitos de falsificación mercantil e intrusismo laboral, operando bajo la apariencia de servicios legítimos de vigilantes de seguridad y control de accesos.

La investigación policial se inició tras detectar numerosas irregularidades en las actuaciones de quienes se hacían pasar por vigilantes de seguridad durante un evento multitudinario celebrado en Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real. Ante estas irregularidades, la Policía Nacional activó una investigación centrada en la empresa para la cual trabajaban estos falsos vigilantes, según informaron fuentes oficiales de la institución.

El análisis posterior reveló que para su contratación, los detenidos habían utilizado los datos de una empresa del sector de la construcción, actuando como una especie de empresa pantalla. Esta práctica les permitió simular que contaban con la homologación necesaria exigida por la Dirección General de la Policía en el ámbito de la seguridad, facilitando así su inclusión en eventos tanto públicos como privados.

Además, los presuntos vigilantes de seguridad empleaban placas de identificación, emblemas y uniformes muy similares a los homologados por el Ministerio del Interior, lo que generó confusión sobre su verdadera relación con el sector de la seguridad privada o, incluso, con cuerpos policiales. Esta situación llevó a la Policía a intervenir y tomar medidas al respecto.

Como resultado de esta operación, además de las detenciones, la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional ha propuesto la imposición de una sanción administrativa a otros cuatro implicados en la trama. Estas acciones podrían acarrear multas que alcanzarían hasta los 100.000 euros, debido a la contratación de empresas sin la debida autorización, lo cual se considera intrusismo dentro del sector de la seguridad.

vía: Diario de Castilla-La Mancha

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