La Audiencia Provincial de Cuenca ha dado inicio este jueves a un juicio que involucra a S.E.F.M. y V.G.L., quienes ocupan los cargos de gerente y administradora de un club de alterne en El Provencio. Ambos están siendo acusados de delitos graves que podrían llevarlos a enfrentar hasta diez años de prisión por trata de seres humanos, prostitución coactiva e inmigración ilegal.
Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el club, a pesar de estar oficialmente registrado como un hostal, estaba acondicionado para llevar a cabo actividades de alterne y prostitución con la participación de mujeres que trabajaban en el local. La Fiscalía ha señalado que los acusados implementaron un plan con la ayuda de personas de origen colombiano, quienes enviaban a jóvenes de su país a España bajo la promesa de empleos falsos, asegurándoles trabajos como camareras que serían bien remunerados y dignos. Sin embargo, al llegar al club, estas mujeres se vieron obligadas a ejercer la prostitución, de la cual debían compartir las ganancias.
Un caso emblemático mencionado en el juicio es el de una mujer que se presentó como testigo protegido y que llegó al club en febrero de 2016. Al arribar, le fueron confiscados su pasaporte y el dinero que llevaba, y se le informó que debía saldar una supuesta deuda de 4.000 euros mediante la prostitución. La acusación detalla que esta mujer trabajaba desde las 17.00 horas hasta el cierre del establecimiento, pagando 45 euros diarios por su alojamiento y comida. Además, debía entregar al club entre 45 y 55 euros por el «primer pase» y un recargo de cinco euros por cada pase adicional relacionado con el uso de sábanas. Tras un mes de sufrimiento, la mujer logró escapar del club a través de la cocina.
La Fiscalía ha solicitado que ambos acusados sean juzgados por un delito de trata de seres humanos en concurso con otro de prostitución coactiva, solicitando penas de seis y tres años de cárcel, respectivamente. Además, enfrenta otro cargo por inmigración ilegal, que podría sumar un año adicional de prisión. El Ministerio Público también ha solicitado medidas complementarias, como la clausura definitiva del club, el comiso de los bienes y dinero incautados, así como una indemnización de 3.000 euros para la testigo protegida.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
