Un hombre de 40 años ha vuelto a estar en el punto de mira de la justicia, enfrentándose a una condena de 10 años y medio de prisión por grabar a mujeres en las duchas de un centro social en Gijón. Este individuo, cuya reincidencia es preocupante, ya había sido sentenciado en 2022 por delitos similares.
Las investigaciones revelaron que el acusado utilizó una mochila con un teléfono móvil oculto entre calcetines y cinta aislante para grabar a varias mujeres mientras se duchaban entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre de 2024. El caso salió a la luz cuando el hombre perdió el teléfono en la calle, y la Policía, al revisarlo, descubrió las imágenes comprometedoras.
En enero de 2022, un juzgado de Oviedo lo había condenado a un año de cárcel y una multa por un delito análogo, lo que complica aún más su situación actual. La Fiscalía ha calificado su conducta como una «violación reiterada de la intimidad», tipificada en tres delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con la agravante de reincidencia. Además de la pena de prisión, se ha solicitado su inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo y el pago de 4.000 euros en indemnizaciones a dos víctimas. Una tercera víctima, sin embargo, renunció a cualquier compensación.
Este caso no solo resalta el peligro que enfrentan las mujeres en espacios destinados a colectivos vulnerables, sino que también pone de relieve la cuestión de la efectividad de las condenas para disuadir delitos que dejan huellas invisibles pero profundas. Las víctimas esperan que la justicia no solo imponga un castigo, sino que también actúe como un deterrente para futuros delitos. La situación continúa desarrollándose, y muchas voces alzan la mirada hacia cómo se aborda la seguridad y protección en estos entornos.
