Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha ha manifestado su preocupación por el anteproyecto de Ley regional de Simplificación y Agilización Administrativa, advirtiendo que podría resultar en un debilitamiento de las garantías medioambientales relacionadas con la aprobación de nuevos proyectos. La organización asegura que las funciones de control y supervisión pasarían a ser desempeñadas por entidades privadas, lo que podría poner en riesgo el interés público general.
En su comunicado, Ecologistas en Acción califica la creación de las «entidades colaboradoras de la Administración» como una «clara dejación de funciones». Subrayan las implicaciones que esta medida tendría en la supervisión de proyectos que impactan el medio ambiente, citando que experiencias previas en otros ámbitos, como la sanidad y educación, no han demostrado mejoras en la eficiencia de estos servicios.
La ONG considera «inaceptable» que la autorización de una entidad colaboradora privada se limite a una simple declaración responsable. Insisten en que el control administrativo de proyectos, especialmente aquellos que son sensibles para el medio ambiente, debería seguir en manos de profesionales públicos capacitados para llevar a cabo esta función.
Ecologistas en Acción también expresa su alarma ante la posibilidad de que la nueva normativa otorgue un sentido positivo a los silencios administrativos, facilitando la aprobación de proyectos con graves consecuencias ambientales sin la debida evaluación. Argumentan que el silencio administrativo debería interpretarse negativamente respecto a la concesión de autorizaciones.
La organización critica, además, la reducción de los plazos administrativos que afectaría a los procesos medioambientales, limitando los períodos de información pública durante los cuales la ciudadanía podría presentar alegaciones y contribuciones. Temen que los mecanismos de reclamación ciudadana sean establecidos por las mismas entidades colaboradoras, lo que podría generar situaciones de vulnerabilidad.
Por último, Ecologistas en Acción señala que cinco de las nueve normativas involucradas en la Ley de Simplificación están directamente relacionadas con competencias ambientales o de desarrollo sostenible, abarcando áreas como el urbanismo, la gestión forestal, la caza, la contaminación y las evaluaciones ambientales estratégicas. A pesar de apoyar la creación de una comisión específica para la agilización administrativa, enfatizan que esto debe hacerse bajo el principio de no regresión en materia ambiental, garantizando así la preservación de los servicios públicos en este ámbito.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
