En una reciente entrevista con The Objective, el abogado internacional Robert Amsterdam ha denunciado la actuación de la Agencia Tributaria española (AEAT), calificándola de una organización coercitiva que utiliza métodos que “humillan, arruinan y aterrorizan” tanto a ciudadanos como a empresas, especialmente a extranjeros residentes en el país. Amsterdam, conocido por su defensa de figuras perseguidas por regímenes autoritarios, ha arremetido contra el organismo liderado por la ministra María Jesús Montero, acusándolo de actuar "fuera del marco legal" y de implementar una "campaña sistemática de intimidación" que socava principios democráticos esenciales.
Selon Amsterdam, el sistema actual "no solo afecta a quienes se acogen a la Ley Beckham, sino a todos. Es un sistema que castiga al ciudadano por existir". Uno de los puntos controversiales de su crítica es el mecanismo que incentiva a los inspectores de Hacienda a imponer sanciones, incluso cuando estas son anuladas por los tribunales, lo que sostiene que crea un entorno donde “el inspector no sufre consecuencias por equivocarse”.
El abogado ha descrito un modus operandi digno de regímenes autoritarios, que incluye prácticas invasivas como interrogar a familiares de contribuyentes y embargar cuentas bancarias de personas vulnerables. “Esto no es gestión fiscal, es terrorismo institucional”, subrayó, sugiriendo que los métodos de la Agencia no buscan justicia tributaria, sino simplemente maximizar ingresos sin escrúpulos.
Amsterdam también alertó sobre la falta de presunción de inocencia para los contribuyentes en España, donde, según él, es el único país europeo que exige el pago de sanciones antes de permitir su apelación. Esto, se queja, crea una situación en la que el ciudadano carece de derechos frente a Hacienda y se configura como un "cáncer democrático".
A pesar de que sus críticas apuntan al gobierno de Pedro Sánchez, el abogado advierte que el abuso fiscal es un problema que se ha consolidado a través de múltiples administraciones, tanto del PSOE como del PP. “No es un problema de partido. Es una herramienta de poder del Estado”, argumenta.
Amsterdam ha propuesto una serie de reformas urgentes para la AEAT, como eliminar los incentivos por recaudación, permitir la apelación de sanciones antes de pagar y garantizar la independencia de los tribunales fiscales. Además, ha hecho un llamado a la ciudadanía para que se informe sobre estos problemas y despierte ante lo que describe como un sistema desviado del Estado de derecho.
Hasta el momento, la Agencia Tributaria no ha emitido respuesta a estas acusaciones, que han reactivado un debate nacional sobre el alcance del poder fiscal y el respeto a los derechos fundamentales en España. ¿Es este un caso sobreactuado desde el exterior o una señal de cambio que podría originarse en la presión social? La respuesta podría depender de la reacción de la ciudadanía y del sistema judicial.
