La presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, presentó el viernes en el Palacio de Justicia de Albacete la memoria judicial del año 2024, donde subrayó un aumento del 8,7% en los casos judiciales pendientes en comparación con el año anterior. Este incremento se atribuye a la escasez de jueces en la región. A pesar de que las resoluciones judiciales han crecido un 25,9%, esta mejora no es suficiente para atender el aumento del 14,6% en el ingreso de nuevos litigios.
El balance del último año judicial revela que los jueces y magistrados de Castilla-La Mancha resolvieron un total de 263.460 asuntos, en contraste con los 196.497 del 2023, mientras que se registraron 283.872 nuevos casos. Astray resumió que, aunque los tribunales han intensificado sus esfuerzos para resolver casos, el número de asuntos pendientes no ha disminuido, un problema acentuado por la duración de los procedimientos y la falta de jueces. Castilla-La Mancha presenta la menor dotación de jueces por habitante, con solo 10 por cada 100,000 habitantes.
La presidente ha indicado que el aumento en la litigiosidad responde, en parte, al crecimiento poblacional y a una mayor presión judicial, especialmente en las provincias de Toledo y Guadalajara. A pesar de la reciente creación de nuevos juzgados y la incorporación de magistrados, reiteró la necesidad de establecer 45 nuevas plazas para jueces y magistrados. Astray enfatizó la importancia de destinar recursos a un territorio extenso y complicado de cubrir.
En el apartado de litigiosidad, la jurisdicción social ha destacado con un aumento notable del 34,5% en nuevos casos, seguida por la jurisdicción civil, que también ha visto un incremento del 31%. Los casos en jurisdicción penal han crecido cerca de un 15%, mientras que los Juzgados de Primera Instancia han experimentado un aumento del 23,8%.
Astray también abordó la problemática de las infraestructuras judiciales, mencionando que algunos juzgados, como los de Illescas y Talavera, funcionan en espacios reducidos o temporales. Esto obliga a los jueces a compartir salas de vistas y dificulta los sistemas adecuados para grabar procesos, provocando retrasos en la justicia y afectando a las víctimas. Resaltó la necesidad de contar con salas adecuadas y servicios de videoconferencia para asegurar la protección de personas vulnerables, como víctimas de violencia de género.
En relación a la nueva Ley de Eficiencia en la Justicia, la presidente apuntó que alcanzar los objetivos de eficacia será un reto sin un aumento en el presupuesto. La nueva estructura afectará más a las capitales de provincia, que tienen una mayor carga de trabajo. Astray manifestó que, aunque existe una colaboración entre los diversos actores judiciales, la aplicación de cambios previos ha sido problemática y enfatizó que se enfrentarán a serios retos sin una propuesta ambiciosa de presupuesto y un incremento en la plantilla judicial.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
