La presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, presentó este viernes en el Palacio de Justicia de Albacete la memoria judicial del año 2024, revelando un aumento del 8,7% en los casos judiciales pendientes respecto al año anterior. Este incremento se atribuye principalmente a la falta de jueces en la región.
A pesar de este escenario desfavorable, Astray destacó que las resoluciones judiciales han crecido un 25,9%. Sin embargo, este aumento no logra compensar el volumen total de casos acumulados, que, junto con el ingreso de nuevos litigios, ha alcanzado un notable incremento del 14,6%. En total, los jueces y magistrados resolvieron 263.460 asuntos en el último año, en comparación con los 196.497 de 2023, mientras que se registraron 283.872 nuevos casos.
La magistrada resumió el año fiscal subrayando que «los Tribunales han hecho un mayor esfuerzo resolutivo, pero no son capaces de reducir el número de asuntos pendientes». Esta situación se ve agravada por la escasa dotación de jueces en la región, donde Castilla-La Mancha ocupa la última posición en cuanto a jueces por habitante, con solo 10 jueces por cada 100.000 habitantes.
Astray explicó que el aumento de litigiosidad está vinculado al crecimiento poblacional y a la presión judicial, especialmente en las provincias de Toledo y Guadalajara. Aunque se han puesto en marcha nuevos juzgados y se han incorporado magistrados en diferentes áreas, la presidenta hizo hincapié en la urgente necesidad de crear 45 nuevas plazas para jueces y magistrados, argumentando que «hay que destinar muchos recursos a un territorio muy extenso que es muy difícil de cubrir».
La jurisdicción social ha experimentado el mayor incremento de casos, con un aumento del 34,5% en nuevos litigios, seguida por la jurisdicción civil, que ha crecido un 31%. Asimismo, los casos de jurisdicción penal han aumentado casi un 15%, mientras que los Juzgados de Primera Instancia han visto un incremento del 23,8%.
A la falta de jueces, Astray sumó problemas de infraestructuras. Mencionó casos en los Juzgados de Illescas y Talavera, donde las instalaciones son pequeñas y temporales, obligando a los jueces a compartir salas. Esta situación, combinada con la ausencia de sistemas móviles de grabación de los procesos, genera colas y otros perjuicios para las víctimas, en particular en casos de violencia de género.
La magistrada enfatizó la importancia de contar con más y mejor infraestructura, pidiendo un mayor número de salas con servicio de videoconferencias para proteger a las personas vulnerables. Sin embargo, admitió que muchos de estos problemas son difíciles de resolver debido a la falta de recursos económicos, afirmando que «carecen de esa varita mágica que se llama presupuesto».
A pesar de estos retos, expresó confianza en los profesionales de la judicatura y agradeció su esfuerzo por mejorar las tasas de resolución en el último año. Desde que asumió la presidencia en febrero, Astray ha centrado sus esfuerzos en cuestiones de violencia de género y atención a las víctimas vulnerables, anunciando la reactivación de la Comisión Regional de Violencia de Género y la creación de protocolos para el tratamiento de enfermos mentales en procesos judiciales.
Ante la nueva Ley de Eficiencia en la Justicia, que busca reorganizar la composición de los tribunales, Astray advirtió que «los objetivos de eficacia serán muy difíciles de cumplir sin un aumento del presupuesto». Se mostró cautelosa respecto a la aplicación de esta ley, especialmente en las capitales de provincia con mayor carga de trabajo, recordando que cambios anteriores habían presentado dificultades en su implementación.
Finalmente, subrayó la necesidad de una propuesta presupuestaria ambiciosa y un aumento en la plantilla judicial para hacer frente a los serios desafíos que se presentan. Astray concluyó que «es la ley y hay que cumplirla», enfatizando la urgencia de abordar los problemas actuales de manera efectiva.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
