La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la condena de tres meses de prisión impuesta a Amalia Castro-Rial, quien dirigió el área de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid entre 2004 y 2012, por la degradación del Palacio de la Duquesa de Sueca. El tribunal ha desestimado que su gestión—o la falta de ella—constituyera un delito contra un bien histórico, eximiendo también al consistorio de su responsabilidad civil subsidiaria.
El emblemático palacio, construido en 1791 por Antonio de Abajo—discípulo del diseñador del Museo del Prado—, fue residencia de María Teresa de Borbón y Vallabriga, esposa de Manuel Godoy, valido de Carlos IV. Su deterioro progresivo llevó a Castro-Rial al banquillo, acusada de una "inactividad absoluta" que, según el primer juzgado, agravó el estado del inmueble hasta provocar riesgo de derrumbe sobre el contiguo Colegio de San Isidro.
La controversia judicial
En noviembre pasado, un tribunal condenó a Castro-Rial a prisión y a una multa de 1.800 euros, basándose en informes técnicos que ya en 1993 alertaban de que las reparaciones costarían 480.000 euros, cifra que, con el tiempo, habría aumentado significativamente. No obstante, la Audiencia ha reinterpretado los hechos: "No consta que la Dirección de Patrimonio fuera competente para su conservación", señala la sentencia, añadiendo que el deterioro respondía al "paso del tiempo" y no a negligencia.
Los magistrados destacan que el Plan Especial de 2005—cuyo incumplimiento se alegó como prueba—carecía de dotación presupuestaria, y que las demoliciones realizadas eran "necesarias por seguridad". Además, niegan que existiera un "riesgo inminente" para personas u otros edificios, requisito clave para una condena por omisión.
Fin del caso
La resolución, dictada en febrero y ya firme al no haber recurso de la Fiscalía, cierra un caso que ponía en cuestión la gestión del patrimonio madrileño. Mientras el palacio—famoso por ser escenario de El Ministerio del Tiempo—sigue en pie, la sentencia subraya un principio: no toda inacción es delito. La justicia ha hablado, pero el debate sobre la preservación de los bienes históricos permanece.
