El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional que fortalezca y aumente los recursos en los centros de base para hacer frente al creciente número de solicitudes de valoración y reconocimiento del grado de discapacidad. José Antonio Romero, gerente de Cermi en la comunidad autónoma, ha destacado la importancia de esta medida después de que el Consejo de Gobierno destinara 700.000 euros para contratar a 17 terapeutas ocupacionales que se unirán al equipo durante un año para reducir los tiempos de espera, que actualmente llegan a ser de hasta 15 meses.
Romero ha subrayado que la demanda de valoración del grado de discapacidad está aumentando y parece ser una tendencia permanente. Ha argumentado que, dada la extensión geográfica de la región, sería crucial contar con más centros base para que los ciudadanos tengan acceso a servicios cercanos. También ha mencionado el Real Decreto 888/2022, que incluye la participación de entidades del Tercer Sector en los procesos de evaluación, y ha sugerido que en Castilla-La Mancha se podrían implementar modelos de colaboración similares a los de otras comunidades autónomas, donde organizaciones como la ONCE ayudan en la valoración de personas con discapacidad visual.
El Cermi ha expresado su agradecimiento a la Dirección General de Discapacidad por su disposición a integrar al personal de entidades del Tercer Sector en los equipos multidisciplinares de los centros base. Romero ha destacado que esta integración, aunque llevará tiempo formalizarse, cuenta con una actitud favorable por parte de las autoridades.
La inclusión de los 17 terapeutas ocupacionales ha sido bien recibida por Cermi, que cree que podría haber surgido del diálogo entre la Mesa del Tercer Sector Social de la Discapacidad y el Gobierno regional. Romero ha señalado los largos periodos de espera en provincias como Toledo y Albacete, con retrasos que superan los 18 meses en ocasiones.
A pesar de que el retardo en la valoración se atribuye a la implementación de un nuevo baremo desde 2022, Romero insiste en que existía un problema previo de demoras y que la nueva herramienta de certificación no es la principal causa de los retrasos acumulados, apuntando a la falta de recursos humanos y centros.
Cermi está a la espera de datos actualizados sobre las listas de espera en las cinco provincias, especialmente casos de personas que llevan más de un año esperando su valoración. La situación en Albacete también preocupa, con esperas de hasta 14 meses. Romero reconoce que, a pesar de los esfuerzos por reducir los plazos, los tiempos de espera siguen siendo excesivamente largos.
En resumen, Cermi ha solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha fortalecer y aumentar los recursos en los centros de base para hacer frente al aumento de solicitudes de valoración de discapacidad. La colaboración con entidades del Tercer Sector y la inclusión de 17 terapeutas ocupacionales son medidas positivas, pero se necesita un esfuerzo adicional para reducir los tiempos de espera y garantizar un acceso oportuno a los servicios para las personas con discapacidad en la región.
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