El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición de ley del Partido Popular (PP) para extender la vida útil de las centrales nucleares en España. La votación se ha realizado gracias al apoyo de Vox y a la clave abstención de Junts per Catalunya, y ha resultado en 171 votos a favor, 166 en contra y siete abstenciones. Este hecho marca un hito en el debate energético en el país, en un momento en que el Gobierno enfrenta presiones por garantizar el suministro de energía sin renunciar a la transición ecológica.
ERC, que en ocasiones anteriores se había abstenido en votaciones similares junto a Junts, ha cambiado su postura y se ha opuesto a esta propuesta. La diputada Teresa Jordá ha criticado a los gobiernos sucesivos por su «irresponsabilidad» en no diseñar planes de transición energética adecuados y a tiempo. Si bien reconoce que Cataluña obtiene más del 50% de su electricidad de estas plantas, ha subrayado que mantenerlas operativas conlleva riesgos de seguridad y costes insostenibles, enfatizando que la prolongación solo agravaría los problemas existentes.
Desde Junts, Pilar Calvo ha justificado la abstención argumentando que no se debe comprometer la competitividad de la industria catalana. Ha aprovechado para criticar a la vicepresidenta Teresa Ribera, señalando su falta de acción al no convocar a las empresas energéticas para abordar el retraso en la transición.
En el hemiciclo, el diputado popular Juan Diego Requena ha defendido la iniciativa argumentando que la energía nuclear es «esencial» y ha atacado al Gobierno, sugiriendo que no puede tomar decisiones irreversibles y dejar los problemas para el siguiente. Por su parte, el PSOE y sus aliados han señalado los retos técnicos y económicos que implica extender la vida de estas centrales. El socialista Andreu Martín, con ironía, ha preguntado al PP sobre el almacenamiento de residuos nucleares, mientras que el PNV ha advertido que la medida podría acarrear 2.500 millones de euros anuales en «sobrecostos» para los consumidores.
Desde Sumar, se ha denunciado un «cartel» entre las eléctricas, en contraste con Vox, cuya portavoz, José María Figaredo, ha solicitado no solo la prórroga de las nucleares existentes, sino también la apertura de nuevas plantas y la reducción de impuestos para las mismas.
El debate revela las tensiones entre la urgencia de descarbonizar la economía y la dependencia de una energía que divide a las distintas formaciones políticas en el Parlamento. Con la ley en trámite, la responsabilidad recae ahora en un Gobierno que deberá lograr un equilibrio entre seguridad, costes y tiempos en una carrera contra el reloj.
