El emblemático edificio modernista Casa Orsola, ubicado en el barrio de l’Eixample de Barcelona, ha cobrado protagonismo en la lucha por el derecho a la vivienda en la ciudad. Este viernes se había programado el desalojo de Josep Torrent, un maestro de 49 años que ha vivido allí durante 22 años. Sin embargo, una masiva movilización de vecinos y activistas logró aplazar temporalmente el lanzamiento, que ahora está reprogramado para el próximo lunes a las 5:00 de la madrugada.
La comitiva judicial decidió posponer la ejecución del desalojo debido a la gran concentración de personas en las cercanías del edificio. No obstante, aclararon que se trataba de un retraso y no de una cancelación definitiva, buscando así garantizar medidas de seguridad adicionales.
Casa Orsola ha estado en el centro de la controversia desde que, en 2021, un fondo de inversión inmobiliario adquirió el edificio con el objetivo de transformarlo en apartamentos de lujo para alquiler turístico. En ese momento, 27 viviendas estaban ocupadas, con alquileres que oscilaban entre 700 y 900 euros mensuales. Desde la compra, los nuevos propietarios han optado por no renovar los contratos, exigiendo a los inquilinos que abandonen sus hogares. Actualmente, cinco vecinos permanecen en el edificio, resistiendo ante las órdenes de desalojo, siendo Josep Torrent el primero en enfrentar una orden judicial tras la finalización de su contrato en 2022. A pesar de que ha continuado depositando su renta de 700 euros en los juzgados mientras busca una solución negociada, su situación sigue siendo incierta.
El caso de Casa Orsola ha suscitado una ola de solidaridad en la comunidad. Decenas de personas se congregaron frente al edificio la noche del jueves, transformándolo en un símbolo de resistencia contra la especulación inmobiliaria y el impacto del auge del alquiler turístico en Barcelona. Colectivos como el Sindicato de Inquilinas han denunciado que los fondos de inversión están desplazando a los vecinos con el fin de maximizar beneficios, un fenómeno que afecta cada vez más al barrio del Eixample y otras áreas de la ciudad.
El Ayuntamiento de Barcelona, que en 2021 estudió la posibilidad de adquirir el inmueble mediante el derecho de tanteo, desestimó la operación por razones técnicas y económicas. Si bien han acompañado a los vecinos en la búsqueda de alternativas, solo han acreditado un caso de vulnerabilidad al que ofrecieron una vivienda alternativa, que fue rechazada. Aun así, el consistorio ha reiterado su compromiso de garantizar una vivienda digna y combatir el fraude en los alquileres turísticos.
La situación de Casa Orsola es un reflejo de un problema más amplio en el Eixample, donde más de 40 bloques enfrentan situaciones similares, y en Cataluña, que lidera el ranking español con una media de 22 desahucios diarios. Esta crisis habitacional en la región subraya la urgencia de abordar el creciente fenómeno de la especulación inmobiliaria.
Josep Torrent, quien soñaba con jubilarse en Casa Orsola, se enfrenta a un futuro incierto. A pesar de sus intentos de negociar colectivamente con los propietarios, ha lamentado la falta de respuestas tanto de la propiedad como de las administraciones públicas. Visiblemente emocionado, Torrent ha expresado su agradecimiento por el apoyo ciudadano y ha declarado que continuará luchando por su derecho a permanecer en el edificio que ha sido su hogar durante más de dos décadas, erigiéndose como un símbolo de resistencia frente a la especulación inmobiliaria.
