El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha avanzado en la modernización de su burocracia al aprobar el anteproyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, que ahora debe ser revisado por el Consejo Consultivo antes de su presentación al Parlamento regional prevista para marzo.
José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de la Junta, ha señalado que esta ley ha sido objeto de un exhaustivo debate interno y ha incluido un significativo proceso de participación ciudadana. El anteproyecto ha sido examinado en seis órganos colegiados y varias comisiones, donde se han evaluado sus efectos en aspectos como el presupuesto, la igualdad de género, la unidad de mercado y la demografía.
Este anteproyecto se compone de 93 disposiciones organizadas en seis títulos, incluyendo 71 artículos y varias disposiciones adicionales y transitorias. Se proyecta como un cambio fundamental en la normativa regional, con el objetivo de revisar hasta 200 procedimientos administrativos en el plazo de un año tras su aprobación. Guijarro ha descrito esta iniciativa como una «revolución administrativa».
Entre las principales reformas que incluye esta normativa destaca el cambio del criterio del silencio administrativo a uno positivo en la mayoría de los casos. Aunque se mantendrán excepciones alineadas con normativas de la Unión Europea o estatales, se establecerán plazos más cortos para la resolución de procesos. Además, se introducirá la figura de las entidades colaboradoras de la administración, que ofrecerán apoyo a los ciudadanos en sus trámites, permitiéndoles presentar declaraciones responsables y elaborar informes.
El vicepresidente también ha detallado que estas entidades estarán acreditadas y su participación será voluntaria, asegurando un marco que respete los derechos de los ciudadanos y la integridad de la administración. La ley también incluye un apartado que aborda la digitalización administrativa, promoviendo el uso de inteligencia artificial y la creación de un Espacio Ciudadano para centralizar información relevante para los ciudadanos y sus expedientes. Este enfoque no solo busca simplificar procesos, sino fomentar una administración más proactiva en la comunicación de beneficios a los ciudadanos.
Frente a las críticas de los sindicatos sobre la figura de la entidad colaboradora, Guijarro defendió que estos organismos participaron en el proceso de consulta y no expresaron oposición durante los diálogos diseñados. Afirmó que la colaboración público-privada ha sido un recurso utilizado durante años en la administración, sin implicar una desresponsabilización de las funciones administrativas.
Las expectativas del Gobierno se centran en aumentar la agilidad en la tramitación de expedientes y fomentar una conexión más directa y efectiva entre ciudadanos, empresas y la administración regional, reafirmando así su compromiso con la transformación digital.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
