Recientemente, el Consejo Regional de Consumo, máximo órgano de defensa de los derechos de los consumidores en la Comunidad, llevó a cabo una reunión presidida por Laura Ruiz, directora general de Salud Pública. Este encuentro reunió a alrededor de treinta representantes de diversas consejerías de la Administración regional, así como de entidades e instituciones vinculadas al ámbito del consumo.
Durante la reunión, se presentó un balance de las actividades realizadas a lo largo de 2024, destacando un total de 66.243 inspecciones, de las cuales un 4,4 por ciento detectó alguna irregularidad. En el área de seguridad de productos, se gestionaron 1.090 alertas que resultaron en la intervención de 74.351 unidades de productos potencialmente peligrosos, según la información proporcionada por la Junta.
En el apartado de atención al consumidor, se registraron más de 40.000 consultas y aproximadamente 17.000 reclamaciones y denuncias. Los sectores que más inquietud generaron fueron, en su mayoría, las telecomunicaciones y el energético, seguidos por el sector financiero. Se destacó un notable aumento del 47 por ciento en las llamadas recibidas en el servicio de atención al consumidor, lo que refleja una mayor participación de la ciudadanía.
El arbitraje de consumo también fue un tema central en la reunión, donde se resolvieron 1.023 solicitudes y se dictaron 303 laudos. Los sectores más mencionados por los consumidores en este ámbito fueron transportes, electricidad, telecomunicaciones y automóviles. Además, se informó que 12.870 empresas están adheridas a este sistema, lo que indica una percepción positiva hacia el arbitraje por parte del tejido empresarial.
La jornada también incluyó la presentación de los resultados de una encuesta en el marco del proceso participativo del Plan Estratégico de Consumo Responsable 2025-2027. Este nuevo plan busca reemplazar el vigente y las aportaciones recopiladas fueron consideradas «muy valiosas» para enriquecer su contenido, con la expectativa de su aprobación a la mayor brevedad.
Otro punto importante abordado en la reunión fue el proyecto CyberADR, financiado por la Comisión Europea, que plantea la creación de una plataforma digital para la Junta Arbitral de Consumo. Esta herramienta tiene como objetivo mejorar el acceso de los ciudadanos, especialmente en zonas rurales, a mecanismos amistosos de resolución de conflictos entre consumidores y empresas, facilitando también el arbitraje electrónico para una tramitación más eficiente.
Por último, se presentó la campaña ‘Tienes derechos en el entorno digital’ en conmemoración del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, destinada a informar sobre contenidos ilícitos en línea y las acciones que los consumidores pueden emprender frente a ellos. También se discutió el estado del anteproyecto de ley de modificación del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha, revisando el período de información pública y las alegaciones recibidas hasta la fecha.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
