En septiembre de 2023, el Consejo Regional de Transparencia y de Buen Gobierno, un organismo vinculado a las Cortes de Castilla-La Mancha, inició su actividad bajo la presidencia de Fernando Muñoz. Desde su creación, el Consejo ha gestionado un total de 313 expedientes, de los cuales 28 corresponden al año 2023 y 285 al año 2024. Muñoz informó en una rueda de prensa que ha logrado resolver el 78% de estos expedientes con «agilidad y priorizando soluciones sobre la judicialización», antes de su comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales del Parlamento regional para presentar la Memoria Anual correspondiente a 2024.
El presidente del Consejo destacó la consolidación de una «institución austera pero eficaz», evidenciada por la resolución de desafíos operativos por parte de un equipo de solo ocho personas. Entre los logros significativos, mencionó la creación de la sede electrónica del Consejo, una herramienta crucial para la gestión eficiente de los expedientes.
En cuanto a los datos de 2024, se observó que Guadalajara concentró el mayor número de expedientes, con 98, lo que representa el 34% del total. Toledo registró 55 expedientes (19%), Albacete 30 (11%), Cuenca 20 (7%), y Ciudad Real 15 (5%). Además, se abrieron 67 expedientes en otras provincias, lo que equivale al 24%.
Respecto a los sujetos obligados reclamados, se presentaron 180 expedientes (63%) frente a ayuntamientos, 72 (25%) ante la Junta de Comunidades, 21 (8%) contra diputaciones provinciales y 11 (4%) contra consorcios públicos. La demanda de acceso a la información pública mostró un notable aumento, pasando de 23 reclamaciones en 2023 a 247 en 2024, lo que indica una creciente necesidad de control en la gestión pública.
Muñoz enfatizó que en 2024 se resolvieron 235 casos, lo que representa el 82,74% de los expedientes abiertos, con 61 reclamaciones estimadas y 58 desestimadas. Desde el punto de vista estadístico, la página web del Consejo registró 7.233 visitas en 2024, un incremento del 144% en comparación con el año anterior, destacando el interés en la Guía de Acceso a la Información Pública.
Entre los logros también se incluye la elaboración del Censo de Sujetos Obligados y el Mapa de Obligaciones, en el que se identificaron y clasificaron más de 1.300 entidades públicas. Muñoz resaltó la importancia de cumplir con 132 obligaciones de transparencia en 13 categorías, estableciendo las bases para una evaluación rigurosa a partir de 2025.
En el ámbito presupuestario, el Consejo ejecutó el 47% de su presupuesto anual de 1.370.000 euros, priorizando áreas como formación y tecnología. El remanente se destinará a proyectos innovadores, incluyendo la certificación de transparencia vinculada a inteligencia artificial. Además, el presidente anunció la ampliación de talleres de formación en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.
La gestión del Consejo, con un equipo limitado y un presupuesto modesto, ha demostrado que la transparencia es una inversión en democracia, haciendo de cada acción un pilar para una Castilla-La Mancha más íntegra.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
