Una revisión reciente ha evidenciado fallos significativos en el manejo de conflictos de interés por parte de Europol, la agencia de policía de la Unión Europea. Este estudio ha suscitado preocupaciones sobre la falta de restricciones impuestas a antiguos empleados que ahora trabajan para la organización no gubernamental Thorn, una entidad que desarrolla y comercializa software, vinculada estrechamente a empresas tecnológicas. Se ha señalado que Thorn ha pagado salarios de seis cifras a varios de estos empleados y posee acciones valoradas en 930,000 dólares estadounidenses.
El informe que ha salido a la luz destaca que Europol parece centrarse exclusivamente en las ventajas comerciales directas que un nuevo empleador podría buscar, en lugar de tener en cuenta la contratación de exoficiales de la agencia con intenciones de influir en la legislación y en las decisiones de la Comisión Europea. Esta falta de previsión plantea la necesidad de implementar un periodo de «inactividad» o «cool-down» que evite tales conflictos de interés.
Además, se plantea la preocupación sobre un segundo miembro del personal que no solicitó la autorización necesaria para aceptar un nuevo puesto, lo que ha llevado a cuestionar si Europol ha tomado medidas disciplinarias adecuadas conforme al Reglamento de Personal de la UE. Sin sanciones automáticas por incumplimientos, se argumenta que no se puede garantizar que la confianza por sí sola asegure el cumplimiento de las normas.
La revalorización de las restricciones impuestas a exfuncionarios también es un tema de debate. Se cuestiona si estas restricciones se comunican efectivamente a sus nuevos empleadores y se considera que la normativa actual sobre el contacto con Europol «con fines comerciales» es demasiado ambigua y limitada.
Se sugiere que los empleados notifiquen su intención de aceptar un nuevo puesto antes de concretar una oferta, ya que las negociaciones previas pueden representar un potencial conflicto de interés. La elaboración de un «Código de mejor práctica para los miembros del personal que dejan la agencia» y la publicación de un «informe anual sobre las actividades relacionadas con el Art. 16 del Reglamento del Personal de la UE» podrían contribuir a una gestión más transparente de estos procesos.
Asimismo, las decisiones finales de la autoridad competente deberían ir acompañadas de explicaciones claras sobre las razones detrás de las mismas. La creación de una «guía general sobre los criterios para evaluar restricciones o prohibiciones post-empleo» también se considera esencial.
Por último, se ha indicado que el Grupo de Escrutinio Parlamentario Conjunto (JPSG), diseñado para supervisar las actividades de Europol, debería estar informado sobre cualquier potencial conflicto de interés y sobre las medidas que la agencia está tomando o planea tomar para abordarlo, una comunicación que, en el caso actual, no se ha proporcionado.
