Las denuncias y el control ejercido por la Agencia Tributaria han llevado a una significativa reducción del fraude en el sector del diésel en España. Este avance se refleja en la notable disminución de las estaciones de servicio implicadas en estas prácticas ilícitas, que ha pasado de más del 8% hace dos años a cerca del 3% en la actualidad. Sin embargo, se han detectado alrededor de 356 estaciones, en su mayoría de marcas blancas, cooperativas y grandes superficies, que ofrecen precios considerablemente inferiores al mercado.
El fraude en el diésel se manifiesta a través de la creación de distribuidoras ficticias que venden combustible a precios muy bajos y que, una vez realizada la venta, desaparecen sin abonar el IVA ni los impuestos especiales correspondientes. Esta situación ha llevado al sector a demandar medidas más rigurosas que permitan frenar este tipo de prácticas.
En este contexto, las principales petroleras han comenzado a realizar exigencias a las autoridades, solicitando mayor supervisión y medidas preventivas. Durante las recientes reuniones con el Ministerio de Hacienda, se han propuesto cambios importantes, como el pago anticipado de impuestos. No obstante, estas sugerencias han generado críticas entre los pequeños operadores, quienes consideran que beneficiarán desproporcionadamente a las grandes compañías, dado que los avales requeridos resultan inaccesibles para las empresas más pequeñas.
A pesar de las distintas acciones impulsadas por el Gobierno, el fraude en el sector del diésel sigue generando pérdidas millonarias, estimadas en más de 1.000 millones de euros, lo que representa entre un 25% y un 30% de las ventas del sector. Para hacer frente a este fenómeno, el Ejecutivo ha introducido diversas medidas en el Real Decreto Ley 8/2023, aunque la lentitud en el avance legislativo ha llevado a las petroleras a explorar alternativas que puedan ser implementadas de manera más ágil.
