El Consejo de Ministros ha aprobado un tercer paquete de medidas con el fin de apoyar a quienes han sido afectados por la DANA, fenómeno cuyas consecuencias han sido devastadoras en varias regiones. Este nuevo paquete, que suma un total de 2.274 millones de euros, tiene un objetivo claro: asegurar que las ayudas que reciben los damnificados no se consideren ingresos a la hora de calcular otros beneficios sociales, incluyendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los complementos de mínimos para las pensiones contributivas de la Seguridad Social.
Con esta iniciativa, se evita que los subsidios por los daños ocasionados por la DANA se interpongan en el acceso a otros derechos fundamentales, como son las pensiones no contributivas y las distintas prestaciones familiares. Entre las medidas más destacadas, se encuentra la extensión del plazo para la incapacidad temporal extraordinaria, que ahora alcanzará hasta el 31 de diciembre para los trabajadores que han sufrido lesiones, tanto físicas como psicológicas, como resultado de la DANA. Esta normativa protege a los afectados garantizando el 75% de su salario desde el primer día de baja, considerándolas bajas como si provinieran de un accidente laboral y sin requerir un periodo mínimo de cotización.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha enfatizado que esta ampliación pretende salvaguardar a los trabajadores que han visto deteriorada su salud debido a la DANA, con especial atención a quienes han experimentado daños psicológicos. Hasta ahora, la Seguridad Social ha recibido 4.151 partes de baja por razones relacionadas con este fenómeno.
El paquete también incluye la mejora del cese de actividad para los autónomos que, anteriormente a la crisis, estaban cotizando por la tarifa plana de 80 euros, lo que podría beneficiar a alrededor de 10.000 trabajadores autónomos en la zona afectada. Esta prestación se concederá de forma retroactiva desde el 28 de octubre, siempre que se presente la correspondiente solicitud ante la mutua correspondiente. Hasta el momento, se han presentado 3.401 solicitudes de prestaciones para el cese de actividad, enfocadas en autónomos cuyos negocios han sido impactados directamente por la DANA.
Por otro lado, el Gobierno ha implementado una modalidad de prestación parcial para aquellos autónomos que, a pesar de continuar operando, han visto su actividad severamente afectada. Estos trabajadores podrán acceder a un subsidio del 50% de su base de cotización, que podrán combinar con el ejercicio de su actividad laboral.
Asimismo, se ha facilitado el acceso a un ERTE por Fuerza Mayor ampliado para las empresas afectadas, sin considerar su ubicación geográfica. Actualmente, alrededor de 2.539 empresas, que suman 27.765 trabajadores, se encuentran en esta situación.
En el ámbito de las ayudas sociales, los beneficiarios del IMV y de las pensiones no contributivas en las áreas más perjudicadas por la DANA han experimentado un aumento del 15% en sus prestaciones. Paralelamente, el complemento de ayuda a la infancia ha visto un incremento del 30% para aproximadamente 10.350 hogares en la zona afectada, modificándose de oficio, lo que evita que los beneficiarios tengan que realizar trámites adicionales.
Finalmente, el Gobierno ha anunciado que, a partir del 1 de enero, se simplificarán las solicitudes del IMV por pobreza sobrevenida, tomando en cuenta los ingresos de los tres meses previos para su evaluación.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
