El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha expresado su firme rechazo al denominado «cupo catalán», refiriéndose a la financiación específica para Cataluña negociada entre el Gobierno español y la Generalitat. En una reciente rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, el consejero calificó este acuerdo de «trampatojo ambiguo e injusto», subrayando la importancia de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en los días venideros, en lugar de esperar a después del verano.
Ruiz Molina se pronunció sobre la reunión bilateral que tuvo lugar en Barcelona, lamentando que el documento suscrito en esa ocasión intenta «engañar» al resto de las comunidades autónomas. Según su análisis, la financiación singular para Cataluña se asemeja al «cupo catalán», que es similar a los sistemas existentes en el País Vasco y Navarra, aunque con particularidades. El consejero explicó que, bajo este acuerdo, Cataluña recaudaría todos los impuestos generados en su territorio, mientras que pagaría al Estado en función de las competencias ejercidas en Cataluña.
El titular de Hacienda cuestionó la complejidad del actual sistema de financiación autonómica y planteó la incertidumbre sobre cómo se determinarían los gastos que el Estado asume en cada comunidad autónoma. Crítico de que solo Cataluña participe en la definición del sistema de financiación para el resto de comunidades autónomas del régimen común, argumentó que si el modelo propuesto resulta realmente beneficioso, debería incluir la participación de todas las comunidades.
Ruiz Molina también expresó su deseo de participar activamente en el proceso de negociación, rechazando la idea de aceptar un «plato precocinado». Mostró escepticismo respecto a la adopción del modelo previsto en el documento por parte de todos los territorios, alertando que esto podría socavar el rol del Estado en la redistribución de la riqueza y en la cohesión territorial.
En su intervención, el consejero enfatizó que aceptar un modelo que favorezca a algunas comunidades por encima de otras podría llevar a una división en «dos velocidades», donde las comunidades más ricas disfruten de mejores servicios públicos. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, se sostiene que es crucial garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos, sin distinción de la situación económica de cada ciudadano o de la comunidad en la que resida.
Finalmente, el consejero concluyó rechazando cualquier acuerdo que sugiera que quienes tienen más deberían recibir mejores servicios públicos, advirtiendo que el verdadero propósito de los independentistas no es una distribución equitativa de recursos, sino conseguir más que las demás comunidades. En este contexto, Ruiz Molina considera esencial discutir el principio de ordinalidad en el CPFF, advirtiendo que un acuerdo de este tipo podría comprometer la unidad y cohesión del Estado español.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
