Toledo, 10 de enero de 2026.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su contundente oposición a la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda. Según aseguran, este nuevo esquema “condena a la región a obtener una financiación que está por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas”. En una reciente rueda de prensa, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, subrayó que la situación financiera de Castilla-La Mancha es el resultado de un modelo que ha perpetuado desigualdades y que no ha sido mejorado con la propuesta actual.
Ruiz Molina destacó que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, “la región seguiría financiada por debajo de la media”. Criticó que mientras algunas comunidades autónomas, como Cataluña, se benefician considerablemente de este modelo, el resto de las regiones son claramente perjudicadas. “Cataluña sale muy bien parada, pero a costa del resto de las comunidades”, enfatizó.
Además, el consejero llamó la atención sobre la falta de transparencia y de información detallada proporcionada por el Ministerio, argumentando que el Ejecutivo autonómico ha tenido que basar su valoración en resúmenes de prensa y en las declaraciones públicas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta carencia de datos ha dificultado la realización de un análisis más exhaustivo y riguroso de la propuesta.
Uno de los puntos más críticos que Ruiz Molina planteó fue el consenso alcanzado para este nuevo modelo, el cual, según él, fue negociado de manera exclusiva con los independentistas catalanes. «Este modelo fue acordado con una sola comunidad autónoma y, por lo tanto, no puede responder al interés general. Satisface únicamente los intereses de Cataluña», alertó. Afirmó que si el modelo hubiera sido discutido con Castilla-La Mancha, se habrían presentado demandas y propuestas que reflejaran las necesidades específicas de la región.
En cuanto a la naturaleza del modelo, el consejero lo describió como más una “metodología para trocear la riqueza nacional” que como un mecanismo eficaz para garantizar la financiación adecuada para los servicios que deben ofrecer las comunidades autónomas. Según Ruiz Molina, se trata de un modelo regresivo que refuerza el principio de ordinalidad, que favorece a las comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria en detrimento de aquellas con menos recursos.
Este principio de ordinalidad, explicó, significa que las comunidades con mayor capacidad económica obtendrán más recursos, perpetuando así las desigualdades en la prestación de servicios públicos. Las regiones con menor capacidad tributaria quedarían, por lo tanto, en una situación de desventaja comparativa para ofrecer servicios a sus ciudadanos.
Además, el consejero denunció que este modelo reduce la solidaridad interregional, al concentrar más financiación en los territorios con mayor renta per cápita, lo que resulta en una desigualdad que contradice el principio de igualdad en la financiación autonómica. “La idea es que todas las comunidades autónomas puedan prestar servicios públicos en condiciones de igualdad, independientemente de su capacidad económica”, concluyó Ruiz Molina, calificando la propuesta como “claramente regresiva”.
Con estos pronunciamientos, el Gobierno de Castilla-La Mancha manifiesta su firme rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica y su compromiso con la búsqueda de un sistema más justo que garantice una distribución equitativa de recursos. Las semanas venideras se anuncian decisivas para el intenso debate que generará esta polémica propuesta, que impacta a todas las comunidades autónomas.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
