El Consejo de Gobierno aprobó la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y humanitario, de distintas subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para garantizar el funcionamiento correcto de los centros y servicios de la Red Pública de Castilla-La Mancha destinados a la atención de personas con discapacidad.

Subvenciones que en total suman un millón de euros con las que “el Gobierno de Castilla-La Mancha asegura la estabilidad financiera de las entidades de atención a las personas con discapacidad”, ha resaltado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.

Esta es una respuesta puntual a determinadas entidades que gestionan centros y servicios de la Red Pública de Atención a Personas con Discapacidad y que se encuentran en una situación de desequilibrio al tener que implementar el incremento de los costes laborales derivados de una nueva regulación estatal que afecta a la subida del SMI y aplicación del convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

Fernández confirmó que con esta medida se beneficia a 34 asociaciones y fundaciones pertenecientes a la Red Pública formada por los centros y servicios vinculados a la atención temprana, a la capacitación e inclusión sociolaboral, el fomento de la autonomía personal y la atención residencial así como la acción tutelar, todos ellos destinados a prestar atención y apoyos a personas con discapacidad a sus familias en toda la comunidad de Castilla-La Mancha.

La portavoz del Ejecutivo castellano-manchego remarcó la especial importancia de esta decisión que aprobó el Gobierno presidido por Emiliano García-Page y que entrará vigencia en una semana, ya que “estas entidades abarcan a más de 100 programas y más de 2.000 trabajadores y 10.000 familias de toda la región”.

Sobre esta cuestión, vale remarcar que el 23 de julio de 2019 se firmó el Acuerdo de Colaboración para la Mejora del Modelo de Atención a la Discapacidad, entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-CLM), un texto que recoge “la necesidad de seguir colaborando conjuntamente para velar por la calidad y la sostenibilidad de los recursos públicos como medio de garantía de los derechos de ciudadanía y la apuesta por el apoyo a los profesionales del Tercer Sector”.

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